Sánchez Vicario pierde otro set ante Hacienda
El miércoles 3 de mayo de 1995 varios inspectores de Hacienda se presentaron en el domicilio de los padres de Arantxa Sánchez Vicario en Barcelona y registraron la habitación de la ex tenista sin autorización judicial. ¿Vulneraron los derechos de intimidad de la deportista? A juicio de Sánchez Vicario, sí. Para el Tribunal Supremo, no. æpermil;ste ha ratificado este mes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de julio de 1999, en la que ya se negaba que se hubiera atentado contra ningún derecho.
Según la sentencia dictada ahora por el Tribunal Supremo, 'no debe entenderse vulneración porque el piso era a la vez domicilio social de una serie de sociedades instrumentales'. Además, el tribunal destaca que el padre de Arantxa había dado su consentimiento verbal a la inspección. Durante el registro se consiguieron pruebas que demostraban la domiciliación de la tenista en España, pero sus abogados sostienen que al haberse logrado 'vulnerando un derecho fundamental, no deberían tener ningún efecto'.
La sentencia del Tribunal Constitucional, que fue notificada el pasado 27 de junio, ya ha sido recorrida por la ex tenista ante el Tribunal Supremo, según explica José Arias Velasco, uno de sus abogados. Sánchez Vicario intenta así evitar el pago de 'entre 600 y 700 millones de pesetas (los 3,84 millones de euros reclamados)', en palabras de Arias, que le reclama Hacienda desde 1995, por el impuesto sobre la renta de los ejercicios 1989 a 1993. La deportista no había declarado esos años por tener la residencia en Andorra, residencia que Hacienda siempre ha considerado ficticia.
Pero Sánchez Vicario tiene otro frente abierto para eludir la cantidad que le reclaman. La Audiencia Nacional también debe pronunciarse sobre un recurso que presentó en 2001 a una resolución que rechaza que la deportista residiera en Andorra. Ante la Audiencia su abogado no ha tratado de demostrar que residiera en el país vecino, 'sino que no vivía en España, por lo que no tenía que pagar sus impuestos aquí'.
Anteriormente los letrados ya evitaron que se ampliara la cantidad adeudada al conseguir que los tribunales rechazaran que la deportista hubiera cometido delito fiscal como Boris Becker o el padre de Steffi Graf. Fue precisamente el caso del tenista alemán el que impulsó a muchos asesores fiscales a recomendar a sus clientes afincados en paraísos fiscales que regresaran a su país de origen.
Y mientras, el aval bancario por 837 millones de pesetas depositado en la Audiencia Nacional en 1996 por Sánchez Vicario para dejar en suspenso el pago sigue esperando. El contencioso tardará años en resolverse porque Arias asegura que recurrirán al Tribunal Supremo si la sentencia de la Audiencia es contraria a sus intereses.