COLUMNA

¿Otra vez?

Parece que el calendario comunitario exige siempre grandes dosis de dramatismo cuando se avecina un gran acontecimiento. Conseguida la ampliación y a punto de terminar la Convención presidida por Giscard d'Estaing el texto definitivo del proyecto de Constitución Europea, surge de nuevo el gran debate en torno a la gestión de la Comisión Europea con las dificultades surgidas en Eurostat, la oficina estadística de la UE con sede en Luxemburgo. Parece que la Comisión Prodi se encuentra fatalmente con el mismo escenario que terminó provocando la dimisión de la Comisión Santer.

La tercera y última fase de la introducción de la Unión Monetaria, la más delicada y difícil, había sido culminada con éxito; la ampliación se iniciaba con firmeza; la sociedad de la información relanzaba espectacularmente el crecimiento económico, el gran acontecimiento del euro se presentaba radiante y..., algunos episodios menores de mala gestión financiera y administrativa que ya nadie recuerda tumbaron por primera vez en la historia de la UE a la poderosa Comisión Europea presidida por Jacques Santer.

¿Se repetirá otra vez la misma historia? Espero que no, porque no hay razones que lo justifiquen y en estos momentos la protección de intereses financieros de la UE tiene suficiente mecanismos para reparar y perseguir el presunto fraude que algunos funcionarios desleales hayan podido cometer en Eurostat. Intentar otra vez la dimisión de la Comisión Europea supondría quebrantar definitivamente el equilibrio de poderes entre las instituciones comunitarias y abrir un nuevo frente de desconfianza en una UE que se va a ampliar y que ya conoce en su seno suficientes fracturas y divisiones como para recrear una nueva crisis institucional que esta vez nadie sería capaz de suturar.

He recibido muchas consultas y llamadas para saber cuál es mi opinión respecto a este tema, ya que a mí me toco vivir en primera fila la crisis de la Comisión Santer. Pues bien, acabo de darles, queridos lectores, mi opinión al respecto. No creo que se llegue a la situación límite que conocimos en el pasado.

Las razones que me llevan a realizar esta consideración se basan en las notables diferencias que existen entre las dos situaciones. En la crisis de la Comisión Santer hubo un doble factor determinante que precipitó la caída de la Comisión Europea: de un lado, el firme y manifiesto deseo del Parlamento Europeo de demostrar su nuevo poderío institucional; de otro lado, el firme y oculto deseo de los Estados miembros de quebrantar el poder de una institución que heredera de la brillantez de la época Delors ya no podían controlar. La combinación de estos dos deseos -el Parlamento Europeo necesitando demostrar que era capaz de tumbar a la Comisión Europea para convertirse él mismo en el nuevo eje de la construcción comunitaria y una gran mayoría de Estados que no soportaban que desde Bruselas se les pusiera en evidencia en la aplicación de ciertas políticas- crearon el vacío que llevó a la Comisión Santer a su dimisión.

Es cierto que se descubrieron algunas irregularidades administrativas que provocaron grandes reportajes sobre ellas. Han transcurrido ya casi cinco años de aquellos sucesos. Cuando Santer dimitió me tocó sustituirle durante cuatro meses como presidente en funciones. Fue una época sumamente desagradable, ya que tuve que poner en marcha los 27 procedimientos sancionadores que me pidió el Parlamento Europeo. Cinco años después, salvo uno, ninguno de aquellos 27 procedimientos dio origen a ninguna decisión judicial y fueron progresivamente archivados.

La explicación de la caída de la Comisión Santer no era tanto un problema de despilfarro y mala gestión como el resultado dramático de un nuevo reequilibrio institucional donde debían ganar, abiertamente, el Parlamento Europeo y más discretamente los Estados.

La situación hoy es distinta. El Parlamento Europeo es el gran ganador del nuevo diseño institucional previsto en la Constitución Europea. El Consejo de Ministros ha amarrado suficientemente el procedimiento legislativo como para controlar el poder de iniciativa de la Comisión Europea y no tener sorpresas de un excesivo europeísmo por parte de nadie. Es decir, ni el Parlamento Europeo ni los Estados necesitan esta vez una gran crisis. La Comisión Europea es ya claramente el factor de ajuste del nuevo equilibrio institucional y los hard liners del Parlamento Europeo y los Gobiernos más euroescépticos utilizarán el tema de Eurostat para debilitar aún más a la Comisión Europea. Esta vez no necesitan tumbarla.