El ahorro tecnológico pasa factura
Echar una ojeada al panorama tecnológico español resulta desalentador. España se sitúa a la cola europea en todos los índices que se utilizan para medir el grado de desarrollo de la sociedad de la información, a pesar de que la Administración lleva años insistiendo en su preocupación por favorecer la innovación y el uso de tecnologías como elementos catalizadores de la competitividad económica.
Los últimos datos del Banco de España sobre el año 2002 muestran que el gasto tecnológico representa sólo 1,9% del PIB, cuando la media europea es del 3,2%. Sólo Grecia gasta menos que España. Las inversiones en investigación y desarrollo son igualmente mínimas, con un 0,97% del PIB dedicado a estas actividades, la mitad de la media europea que está en el 1,94% del PIB, según cifras del último informe de Eurostat.
Fuera de la Unión Europea, España tampoco sale bien parada. El Foro Económico Mundial presentó este año un estudio en el que España quedaba en el puesto 61 dentro de una clasificación de 82 países en cuanto a gasto tecnológico. Vietnam y Colombia, entre otros países en vías de desarrollo, invierten más dinero en tecnologías que España.
Es imprescindible poner en común los recursos económicos, políticos y legales para incorporar las tecnologías a todos los sectores sociales
El desarrollo tecnológico es el gran suspenso del gabinete de Aznar, que no ha sabido canalizar los esfuerzos para impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas, la Administración y la educación. El Plan Info XXI, con un presupuesto de 5.000 millones de euros que recogía más de 300 proyectos divididos por ministerios, ha supuesto el mayor de sus fracasos.
Tres años después de su puesta en marcha, cuando Info XXI debía concluir, no se ha ejecutado ni el 50% del presupuesto. Nadie entiende el porqué de esta contención del gasto cuando la falta de resultados de este plan ha sido una crítica constante que ha perseguido al Gobierno.
Josep Piqué, que vino a sustituir a Anna Birulés en la cartera de Ciencia y Tecnología, reconoció la falta de resultados después de constituir la Comisión Soto para que evaluase el cumplimiento del famoso plan.
Esta comisión formada por 10 expertos procedentes del sector tecnológico español y presidida por Juan Soto, un clásico de la informática que ha sido hasta hace meses la principal cabeza visible de HP en España, se ha planteado encontrar la vacuna contra el déficit tecnológico. El nuevo programa, conocido como Plan Soto, contempla una inversión de 1.200 millones de euros en un plazo de dos años.
Con un 54% de los ciudadanos que no tienen un ordenador en casa y un 48% de las empresas que no extraen el máximo rendimiento de las tecnologías por falta de formación (según las conclusiones de la Comisión), Piqué ha insistido en que su política no pasa por subvencionar la compra de ordenadores.
Las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, que además atraviesan un momento de mercado difícil, parecen ser conscientes de que el Gobierno no va a facilitar ayudas económicas, que tampoco son sus principales peticiones.
'Manejar unas cuentas públicas equilibradas está muy bien, pero no debemos sacralizarlo', comenta Jesús Banegas, presidente de Aniel. 'Aunque la relación entre déficit cero y baja inversión tecnológica no es tan evidente, porque quien invierte mayoritariamente en tecnología es la empresa privada y no el Gobierno, éste sí debe actuar. Sus acciones no deben relacionarse tanto con el presupuesto nacional del Estado sino más bien con la regulación de los mercado y las políticas de incentivos a la inversión', opina Banegas.
Según Aniel, las acciones prioritarias son tres: incrementar la inversión de la Administración pública 'con recursos que provengan de una reducción de gastos corrientes o generando un pequeñísimo déficit fiscal'; no dejar al azar ni a la empresa privada el impulso del servicio de acceso a Internet universal, pues 'deben ser las Administraciones públicas quienes lo financien porque son infraestructuras que no resultan rentables para las operadoras privadas'. Y, por último, 'establecer una regulación de los mercados de telecomunicaciones y televisión digital terrestre que anime a las empresas del sector a invertir al garantizar que podrán rentabilizar su dinero'.
Precisamente Ono, que lleva invertidos unos 2.000 millones de euros en el despliegue de la red de cable en las demarcaciones que le fueron asignadas a través de concursos públicos en 1997, no pide subvenciones pero sí un marco regulatorio estable. 'Nuestro proyecto es viable con financiación privada, pero echamos de menos una legislación menos cambiante que asegure nuestras inversiones, que son a muy largo plazo', explica Michael Vorstman, director financiero de Ono.
Banegas asegura que si en España el gasto público aumenta un 5% en términos nominales, el aumento de la inversión en tecnologías de la información debería ser muy superior. 'Las inversiones públicas en este sector deberían aumentar porque así se animaría la economía, se mejoraría el servicio público al ciudadano al tener el Estado mejores herramientas y se generaría confianza en el sector privado', subraya el presidente de Aniel.
Los expertos coinciden en que debe incrementarse la inversión en tecnologías de la información. La duda está en quién debe hacerla. Para Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa, la política de déficit cero es el buen camino. 'Se puede optar por políticas paternalistas que subsidien el avance tecnológico pero esto nos llevaría al que inventen ellos. Un política de déficit cero promueve, en cambio, la orientación hacia la eficiencia, la reducción de costes y la inversión privada. Un ejemplo es EE UU, que no subvenciona prácticamente la inversión en tecnología', añade Dans, quien apunta que la inversión en tecnología y en I+D nunca fue objeto de reducción motivada por el déficit cero, 'más bien lo contrario, es la partida con un crecimiento mayor'.
Dans sí cree, en cambio, que el Gobierno debe crear el ambiente propicio para que se lleve a cabo la inversión en tecnología mediante acciones de formación y divulgación, por ejemplo.
Desde la otra patronal, Sedisi, se ve positivo el equilibrio presupuestario y, por tanto, no piden que se incremente el déficit. 'Lo que sí decimos es que si tenemos una demanda de tecnología vegetativa de 100 y pasamos a otra de 200 porque se han hecho acciones que la impulsan, que el incremento de recaudación vía impuesto del Estado no se dirija después a dar dinero a los pensionistas -con mucho respeto a estas personas- ni a bajar los impuestos, sino que se dedique a inversión tecnológica. En definitiva, que no se dedique a comprar votos', apunta Joaquín Oliveras, director general de Sedisi.
Inversión tecnológica
Esta patronal cree, por ejemplo, que la externalización de procesos en la Administración produciría un ahorro de entre el 20% y el 30% en el gasto informático. 'Este ahorro permitiría librar un dinero de gasto para dirigirlo a la inversión tecnológica. El presupuesto sería el mismo, pero dedicado a unas labores diferentes', subraya. Y añade: 'La política tiene que ser discriminativa y positiva', dice su portavoz.
Las acciones que se solicitan desde Sedisi son múltiples (un total de 96) y las más importantes se centran en las pymes, los hogares y la Administración pública. Entre ellas, destacan el aumento del actual porcentaje de deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades de las pymes para el fomento de las nuevas tecnologías previsto en la Ley 2000, de un 10% a un 50%, en función del tipo de empresa de que se trate. Y realizar campañas de información y ofertas de formación a través de cámaras de comercio para difundir y formar a los pequeños empresarios. Para los hogares también se propone reducir deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de equipos informáticos y la conexión a Internet.
Las trabas burocráticas frenan los beneficios fiscales por desgravación
Los defensores de las políticas de desgravaciones fiscales como estímulo al gasto chocan de pleno con la situación que vive la investigación.España cuenta con uno de los marcos fiscales más favorables de la OCDE para desgravar cualquier actividad relacionada con el I+D+i. La ley contemplan deducciones que van desde el 30% al 60% de los gastos en innovación y, sin embargo, muy pocas empresas se están beneficiando de estos incentivos.En el sector se baraja una cifra no oficial que dice que sólo 1.900 empresas dedujeron sus gastos en investigación en 2002. Los empresarios se quejan de que los trámites burocráticos son demasiado complicados y que se aplican criterios diferentes a la hora de decidir si una inversión tiene derecho a deducción tributaria o no. Estas dos cuestiones son consideradas frenos a la hora de dedicar partidas mayores a estas actividades.Además, se insiste en que es muy complicado lograr la financiación. El último informe de la fundación Cotec apunta que un 15,6% de empresas industriales reconocieron no haber podido obtener la financiación que buscaban.Al Gobierno se le reclama que simplifique los procedimientos para realizar las desgravaciones y, sobre todo, que haga un esfuerzo para divulgar la existencia y aplicación de estas ayudas públicas.La situación de la investigación en España es crítica, más cuando se tiene en cuenta que la Unión Europea se ha marcado el objetivo de que la inversión media europea en I+D represente el 3% del PIB en 2010, lo que supondría triplicar los recursos dedicados a estas labores en España. 'Una meta inalcanzable', en opinión de José Antonio Garrido, vicepresidente de Cotec.