El Congreso pone en marcha la ley para proteger a los inversores
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley del Mercado de Valores, con el apoyo del PP, CiU y Coalición Canaria, y a pesar de las críticas vertidas por el PSOE en contra de las obligaciones impuestas a las cajas de ahorros.
Este texto legislativo, que reforma la anterior Ley del Mercado de Valores de 1988 y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, obligará a las sociedades cotizadas y a las cajas de ahorros a cumplir nuevos deberes de información y gobierno corporativo, y establecerá obligaciones para sus administradores. El objetivo es exigir a todos estos organismos mayor rigor de trasparencia; de hecho el proyecto también se le conoce bajo el nombre de Ley de Transparencia.
La ley se ha elaborado a partir de las recomendaciones de la denominada Comisión Aldama, que en un principio sólo estaban dirigidas a las sociedades cotizadas, pero finalmente se han incluido a las cajas de ahorros por su relevancia en el sistema financiero español.
El texto entrará en vigor desde el momento en que se publique en el BOE, pero las cajas de ahorros no estarán obligadas a publicar un informe de buen gobierno corporativo hasta el próximo ejercicio.
Las comunidades autónomas, que están presentes en los consejos de administración de las cajas de ahorros, mantendrán ciertas competencias para exigir los contenidos del informe corporativo que consideren oportunos, siempre a partir de una información mínima establecida por la propia Ley del Mercado de Valores.
Control interno
El informe anual deberá incluir, como mínimo, la estructura de la administración de la entidad, las operaciones vinculadas y las operaciones intragrupo, los sistemas de control del riesgo y el funcionamiento de los órganos de gobierno.
El documento también tendrá que hacer públicas las retribuciones totales de sus consejeros (sueldos, dietas y otro tipo de remuneraciones), así como las obligaciones contraídas en materia de pensiones y los pagos de primas de seguros de vida, en el caso de las cajas.
La nueva normativa también obligará a las cajas de ahorros a informar sobre los créditos concedidos a los partidos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y en las asambleas parlamentarias autonómicas, y a aquellas instituciones públicas que hayan participado en el proceso electoral de la entidad.
Además, las cajas tendrán que constituir una comisión de inversiones que informará previamente al consejo de administración de las inversiones y desinversiones a realizar por la entidad.
El mayor número de exigencias para las cajas de ahorros, respecto a las sociedades cotizadas, fue motivo de discusión en el debate previo a la votación de las enmiendas introducidas en el Senado.
La representante del PSOE, Maite Costa, aseguró que esta ley establece un 'marco regulador fuertemente intervencionista' y criticó la 'política de acorralamiento' y el 'trato discriminatorio' del PP y el Ministerio de Economía hacia las cajas de ahorros, debido a que 'lo que no se exige a las cotizadas', incluidos los bancos, 'se exige a las cajas'.
Sin embargo, el diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, comentó que el nuevo texto legislativo supone un 'avance positivo y una garantía de transparencia que los accionistas deben tener reconocido en cualquier principio de legislación'.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre también apoyó la ley, aunque pidió 'dejar trabajar a las cajas', de las que subrayó su 'gran papel' en el sistema financiero español y mostró su 'preocupación' por la posibilidad de una próxima reforma de la legislación para limitar los derechos políticos de estas entidades en sus participaciones industriales.
Por su parte, el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, quien mostró su 'satisfacción por la aprobación' de la ley, reiteró la 'inmovilidad jurídica de las cajas' y defendió las 'exigencias de transparencia' impuestas a estas entidades para garantizar su autonomía.
Asimismo, Pujalte subrayó que desde el PP se apuesta por la 'despolitización' de las cajas, lo que hace necesario que de forma paralela exista un 'modelo de transparencia'. Entre los cambios introducidos en la ley por su paso en la Cámara alta destaca, además, la exención de declarar el impuesto de sociedades a las asociaciones sin ánimo de lucro que obtengan rentas exentas y cuyos ingresos totales no superen los 100.000 euros.
Un proyecto inicial para proteger al inversor
La crisis que ha azotado a las Bolsas en los últimos tres años ha dañado profundamente la confianza de los inversores. La Comisión Aldama nació como propuesta del Gobierno a fin de recuperar lo que se había perdido a base de mejorar la transparencia de las empresas que cotizan en el mercado al mismo tiempo que protegía los derechos y los intereses de los inversores.A grandes rasgos, las medidas que se han aprobado recogen la obligación de las empresas de publicar un informe anual de gobierno corporativo que deberán presentar ante la CNMV. Deberán incluir información sobre la estructura de la propiedad y administración y funcionamiento de los órganos sociales, entre otros.Con la nueva ley los inversores podrán solicitar informes que sean tratados o se hayan discutido en la junta de accionistas, de la que se pretenden que formen parte activa.Lo que en su día nació como un sistema para garantizar la seguridad y transparencia en los mercados financieros se ha convertido en una fuente de controversias para muchos. El PP introducía hace un mes una enmienda a ley, que ayer fue aprobada en su totalidad, que ha levantado ampollas entre las cajas de ahorros, puesto que consideran que se les exige mayor grado de transparencia que a los bancos.El PP estima, sin embargo, que los requerimientos exigidos a las cajas de ahorros son mínimos frente a las de los bancos. Las nuevas medidas también afectan a las cajas rurales y las cooperativas de crédito.