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Caso Gescartera

Camacho dice carecer de dinero para la fianza y que no tiene intención de fugarse

Antonio Camacho ha declarado ante la juez Teresa Palacio que no piensa fugarse, porque tiene familia y novia en España, y ha pedido su puesta en libertad. El Fiscal se ha pronunciado en contra y solicita una prórroga de dos años a la prisión preventiva.

En su declaración ante la juez Teresa Palacios, ha argumentado esta mañana que en España tiene a su familia y a su novia. Además, el ex propietario de la agencia de valores asegura que está dispuesto a colaborar con los peritos para demostrar que una serie de inversiones desafortunadas y los altos intereses acabaron con el dinero de sus ahorradores.

Fianza de tres millones

El abogado que representa a Camacho ha asegurado también que éste no tiene dinero ni para pagar una fianza. El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha pedido en la vistilla celebrada en la Audiencia Nacional que, si Camacho no deposita una fianza de tres millones de euros, permanezca ingresado en prisión a la espera de juicio. Para defender esta postura el fiscal alega riesgo de fuga y la gravedad de los delitos.

La decisión sobre la prórroga de la prisión preventiva, que puede alcanzar los dos años, debe tomarla la juez antes del próximo día 16, fecha en la que Camacho cumple dos años en la cárcel. Camacho se encuentra en la cárcel desde el 17 de julio de 2001, prisión que, desde el pasado 9 de abril, es eludible bajo fianza de tres millones de euros. Sin embargo, el dueño de Gescartera y principal imputado de la causa aún no ha depositado el dinero que le exige la juez, razón por la cual sigue preso.

El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron la gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante la imposibilidad de conocer su situación económica. Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros, lo que originó que el caso pasara a manos de Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.

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