La Ley de Firma Electrónica pasa su primer trámite en el Congreso

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una enmienda de devolución al proyecto de Ley de la Firma Electrónica presentada por el PSOE, que considera que el texto propuesto es intervencionista y no ayuda a aumentar la confianza de los ciudadanos en las comunicaciones telemáticas. Sin embargo, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha explicado durante la defensa del proyecto que la firma y el DNI electrónicos son instrumentos ¢cruciales¢ para extender el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos sociales (lo que se conoce como Sociedad de la Información).

De hecho, el objetivo último del texto es, según el ministro, promover el uso de la firma electrónica, que tendrá exactamente la misma validez que la manuscrita, como instrumento para generar confianza y dinamizar la Administración y el comercio electrónicos. Piqué ha explicado que la norma recoge la experiencia y los avances logrados desde que entró en vigor el Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999, puesto que la firma electrónica ya está funcionando en algunos ámbitos de la economía, como, por ejemplo, en la entrega de la declaración de la renta a través de Internet, una posibilidad que este año utilizó cerca de 1.718.000 personas.

Se reconoce la firma electrónica de las empresas

Una de las novedades del texto que ha destacado el ministro ha sido el hecho de que también se reconozca la firma electrónica de las empresas, además de la de los particulares, lo que ayudará a que las pymes puedan hacer sus gestiones a través de Internet. Además, establece las bases para el desarrollo del DNI electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos sin que se requiera su presencia física.

La ley introduce la denominación de ¢firma electrónica reconocida¢ para identificar con mayor claridad aquella que cumple los requisitos necesarios para ser considerada equivalente a la firma manuscrita; al tiempo que elimina la obligación establecida en un principio de que las empresas que presten servicios de certificación se inscriban en un registro oficial y tengan que estar autorizados previamente.

Este texto promueve la autorregulación de la industria, potencia los controles y sanciones sobre las entidades de certificación y reduce las garantías que tienen que presentar estas entidades para constituirse, según ha apuntado Piqué. En su opinión, esta norma resulta clave para lograr el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, algo en lo que no está de acuerdo el PSOE, que presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley al considerar que con el texto propuesto no se alcanzará ese objetivo.

El proyecto de ley de firma electrónica, elaborado por Ciencia y Tecnología, en colaboración con los ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia, fue aprobado por el consejo de ministros el pasado 6 de junio y no sufrió modificaciones tras su paso por el Consejo de Estado. Desde el PSOE, se critica la primera regulación de la firma electrónica a través de un real decreto, antes de que hubiera sido regulada por la Comisión Europea, por considerar que introdujo confusión en el sector y tuvo un "estrepitoso fracaso".