La reducción del gasto no siempre respetó la inversión productiva
La misma doctrina que ha alimentado al Gobierno para llevar las cuentas públicas hasta el equilibrio considera que, en palabras de Juan Iranzo y Gerardo Izquierdo, ambos del IEE, 'el déficit no se puede corregir con la absorción coactiva de recursos al sector privado (subidas de impuestos), y la solución factible pasa por un recorte del gasto, sobre corriente (...) ya que la inversión pública debe mantenerse por sus beneficios sobre la productividad del sector privado'.
La reducción de un déficit tan abultado como el español (tocó el 6,8% del PIB en la crisis de 1993) fue ya abordada por la Administración socialista, con Pedro Solbes al frente de la política económica. Su planteamiento fue reducir el gasto corriente al mínimo, para no perjudicar la inversión en tecnología, educación e infraestructuras, los tres pilares multiplicadores de competitividad y productividad.
El Gobierno de Aznar prosiguió su tarea, pero acelerando la reducción del gasto en consumo corriente, congelando incluso el sueldo de los funcionarios y ejecutando un recorte lineal de 1.200 millones de euros (200.000 milones de pesetas en 1996). Pero la cercanía del examen comunitario forzó en exceso la restricción del gasto, hasta el punto de que se dañó significativamente la inversión. El caos, casi colapso, generado en el aeropuerto de Barajas definió la situación a la que se estaba llegando. La inversión pública estatal se resintió hasta el punto de descender por debajo del 2% del PIB en 1997 y mantenerse por debajo del 3% hasta 2000, aunque luego se ha corregido con alambicadas fórmulas de participación privada.
Pese al celo mostrado, varios puntos negros que la ortodoxia hubiese corregido siguen intactos: empresas públicas industriales (Hunosa) y de servicios (RTVE) ineficientes y una función pública que no deja de crecer. 'Me cuesta creer que en la era de Internet España necesite tantos funcionarios', afirma González Páramo, consejero del Banco de España.