Worldcom renegocia con la SEC su acuerdo para compensar a accionistas

MCI, la antigua Worldcom, se ha quedado encallada en su proceso de la emergencia de la suspensión de pagos en el despacho del juez Jed Rakoff, quien debe aprobar el acuerdo extrajudicial al que llegó la operadora con la SEC en mayo para acabar con las acusaciones de fraude. Rakoff, que ha estado semanas revisando el expediente, consideraba que el acuerdo era mejorable y el miércoles ambas partes pactaron un segundo compromiso que han vuelto a presentar ante la oficina del juez. El acuerdo, que se alcanza antes de conocer todos los extremos del que está considerado el mayor fraude de la historia de EE UU (por la desaparición de 11.000 millones de dólares), es un paso fundamental en la carrera de la empresa por salir de la suspensión de pagos y en un inicio contemplaba un pago a los accionistas, que perdieron todo, de 500 millones de dólares. Ahora los nuevos términos del pacto añaden 250 millones de dólares más a esta suma, pero en forma de acciones. La compensación monetaria por el cierre del proceso penal ya era el mayor de la historia. La SEC emitió, sin aceptar más comentarios, un comunicado en el que señalaba que 'este suplemento, si es aprobado, permitirá a las víctimas del fraude participar en el potencial de crecimiento de las acciones de Worldcom una vez que la compañía emerja de la suspensión de pagos'. En los mismos términos se ha expresado también el portavoz de la telefónica que entró a ser operada bajo supervisión judicial en julio de 2002. El juez Rakoff había mostrado su disposición a acordar el pacto si incluía una compensación en forma de acciones, por lo que se espera que se apruebe y se pueda continuar con el proceso de recuperación de la empresa, algo que ha desatado las críticas de accionistas, competidores, ex empleados e incluso miembros del Congreso. La polémica está para empezar en el atípico pacto que ahora ha sido reformulado porque bajo las normas de suspensión de pagos son los acreedores los que se aseguran los pagos y no los accionistas. La distorsión la introdujo la ley Sarbanes-Oxley, para la mejora del gobierno de las empresas y aprobada tras los escándalos como el de la propia Worldcom. Por otro lado, los competidores claman que un fraude semejante no se puede saldar con un proceso que va a terminar por convertir a MCI en la empresa con el balance más saneado entre todas las operadores. Finalmente, en el flanco político, fuera y dentro de esta arena se han oído críticas al Gobierno que ha mantenido y ampliado los contratos con esta empresa.