Escamoteos al CES
Es práctica corriente de los grupos parlamentarios tener en cuenta las opiniones del Consejo Económico y Social (CES) para sus tareas, pues consideran relevante lo que diga una institución compuesta por 60 consejeros -más el presidente-, miembros muy cualificados de las organizaciones más representativas del país en los campos sindical, empresarial, agrario, marítimo pesquero, de la economía social y de los consumidores y usuarios, además de seis de expertos de reconocido prestigio en las materias competencia del CES, designados por el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista requirió el 14 de mayo de la Mesa del Congreso la remisión de los dictámenes del CES y del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. La petición no pudo satisfacerse por la sencilla razón de que tanto al CES como al Consejo de Estado no se les había remitido el anteproyecto de Ley. La justificación dada por el Gobierno es que dicho proyecto de ley 'persigue únicamente llevar a cabo una amplia reforma del régimen jurídico portuario de competencia estatal', si bien reconoce que en su campo de aplicación tendría 'consecuencias de índole económica y social'.
Aunque el propósito de estas líneas no es otro que el de denunciar la cada vez más frecuente práctica gubernamental de no remitir al CES una serie de anteproyectos de ley que es obligado enviarle para su dictamen, sirva de mera ilustración de esa desafortunada respuesta el que, a juicio de distintos expertos, parte del articulado de la susodicha ley permite promover, por ejemplo, procesos de privatización y urbanización en parte del dominio público marítimo terrestre, es decir, materias genuinamente socioeconómicas.
Pocas semanas antes, frente al requerimiento del CES de que le fuera remitido el anteproyecto de Ley General Tributaria, el Ministerio de Hacienda contestó con similar argumentación, afirmando más o menos que no era una cuestión socioeconómica. Inútil decir que en ambas ocasiones se ha buscado eludir el cumplimiento de lo que exige la ley constitutiva del CES, cuyo artículo 7º señala que entre sus funciones está 'emitir dictamen con carácter preceptivo de los anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de reales decretos legislativos que regulan materias socioeconómicas y laborales'.
En 2002 fueron 13 los proyectos de ley no remitidos al CES. En estos primeros cinco meses de 2003 el Gobierno ha escamoteado del preceptivo dictamen nada menos que 11 proyectos de ley, entre ellos el de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, el del estatuto marco del personal estatutario de los servicios públicos de salud y el de la ordenación de las profesiones sanitarias.
Vienen de lejos estos escamoteos. Lo nuevo es que su intensidad ha crecido. Ya hay ministerios que no se cortan a la hora de decir algún que otro disparate para justificarlos. Hay que decir también que otros textos sí son enviados, sin que la naturaleza socioeconómica de los unos y de los otros varíe. De ahí que no estén claras las razones de semejante arbitrariedad.
Es probable que la causa esté en que la mayoría de los proyectos de ley no enviados fueron promovidos pensando en la campaña electoral del 25 de mayo. Enviárselos al CES hubiera significado un engorro e incluso un riesgo para la campaña. A pesar de que la composición de esta institución refleja intereses y posiciones diferentes y que existe un acuerdo implícito de intentar alcanzar el máximo consenso posible en sus dictámenes e informes, lo que convierte a éstos en textos muy ponderados, podía resultar que los distintos grupos coincidieran en una valoración crítica de las propuestas electoralistas del Gobierno.
Sean cuales sean las razones, lo cierto es que asistimos a un evidente menosprecio y a una conducta arbitraria del Gobierno respecto del CES, que es uno de sus órganos consultivos más importantes. Pues aparte de esa función consultiva, aparte de institucionalizar el diálogo y la participación, el CES desarrolla diferentes y abundantes actividades. Cabe destacar, por ejemplo, los informes a iniciativa propia sobre materias de índole social y económica de especial relevancia y una interesante acción exterior, relativamente intensa en el caso de Latinoamérica, hacia donde se tratan de transmitir nuestras experiencias de diálogo y participación.
El Gobierno sabe todo esto. Y también sabe que en estrictos términos de democracia el CES es uno de los componentes de su tejido. Confiemos en que no sea esta la causa de que obstruya una parte de su principal función.