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Columna
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Albricias

El cambio de las ayudas al campo desde la subvención a la producción es un gran triunfo. Carlos Solchaga repasa las consecuencias de la reforma de la política agraria común

Por fin la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para reformar la política agraria común y liberarla, eso sí, poco a poco, de sus principales vicios de funcionamiento que, entre otras consecuencias no menos graves, habían hecho de la UE el bloque más reaccionario en materia de intercambios comerciales de la escena internacional por más que los ejemplos de la política agrícola de los Estados Unidos y Japón tampoco sean edificantes.

Cambiar el énfasis de la ayuda al campo desde la subvención a la producción de bienes agrícolas en los que no somos competitivos y que sólo se pueden consumir manteniendo una protección de nuestros mercados impidiendo el acceso a los mismos de los que realmente lo son, a la mejora rural y del medio ambiente sin que por ello cambie la ayuda que la sociedad quiere prestar a los campesinos y hacerlo esto de manera modulada es un gran triunfo del sentido común y de la justicia. En realidad, la política de solidaridad con los productores ganaderos y agrarios europeos tenía dos paganos: el resto de la población que pagaba precios superiores a los internacionales por los productos que consumía y los oferentes extranjeros que percibían, ante el cierre de los mercados europeos, precios inferiores en libre competencia de los que hubieran percibido en otras circunstancias. Esta situación última se agravaba cuando por un procedimiento u otro la UE liquidaba internacionalmente los excesos de sus stocks. Ahora, el conjunto de los ciudadanos europeos seguiremos transfiriendo mediante las subvenciones a la explotación y al territorio parte de nuestros ingresos a los habitantes del campo, pero no incurriremos en los costes adicionales de pagar productos por encima de su valor ni haremos un daño tan directo a los productores agrícolas de los países del Tercer Mundo.

Es cierto que el desacoplamiento de las ayudas a la agricultura de la producción directa se hará de manera gradual limitando en el corto plazo las ventajas. Pero la orientación elegida es la adecuada y, poco a poco, las actividades rurales subvencionadas por el nuevo sistema menos perturbador de precios irán creando más puestos de trabajo y, por consiguiente, más oportunidades de arraigo de la población en el medio rural. En ese sentido, el argumento esgrimido por los sindicatos agrarios de pérdidas de empleo en la agricultura debe matizarse por la creación de otros más estables y menos precarios en cuanto a su supervivencia en el medio rural.

Es cierto también que la modulación del sistema tanto en el tiempo como en las ayudas para la explotación evitando una concentración de las nuevas subvenciones en manos de los grandes terratenientes deja bastante que desear. Pero parece razonable pensar que una y otra vertiente de la modulación adquirirán mayor ritmo y envergadura con la incorporación a la PAC de los productos agropecuarios de los nuevos países miembros. La necesidad de ayudar a los campesinos de estos países en los próximos años con fondos crecientemente limitados obligará a una racionalización ulterior de la política agraria de la UE, en la línea ya iniciada.

Pero tan importante como todo lo anterior es que esta nueva orientación de la PAC permitirá a la UE presentar una posición políticamente mucho más sólida en la próxima reunión de Cancún dentro de la llamada Ronda Doha de liberalización del comercio mundial de bienes y servicios. Falta nos hace. Todavía me produce rubor el mensaje lleno de vaguedades y excusas que hizo mi buen amigo Pascal Lamy en nombre de la UE en la inauguración de esta ronda comercial en la ciudad catarí. No podemos seriamente reprochar los recelos a la globalización de los dirigentes de países menos desarrollados -algunos de ellos, por cierto, bien fundamentados, pero en su mayoría injustificados- mientras mantengamos cerrados nuestros mercados a los bienes que en la división internacional del trabajo que llevaría consigo la aplicación de la libre competencia son precisamente aquellos que estos países pueden producir con ventaja comparativa.

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