COLUMNA

Admirable acuerdo por la salud laboral

El lunes se dio a conocer el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme para modificar varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos). Se concreta así el principio de acuerdo del pasado 30 de diciembre en la Mesa de Diálogo Social que sobre esta materia ha venido funcionando estos dos años.

En el apartado 2 del artículo 14 de la LPRL se establece con claridad el deber del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Para ello señala distintas obligaciones de las empresas, entre las que cabe destacar disponer de cuantos medios sean necesarios para la integración de la actividad preventiva y su permanente seguimiento con el fin de: 'Perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no hayan podido evitar y los niveles de protección existentes (...)'. El artículo 16 cambia su título por Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, y su aportación más novedosa consiste en especificar que dichos planes: 'Deberán incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas y procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción preventiva de riesgos en la empresa'.

Son aportaciones de gran calado porque a partir de ahora ya no se podrá dar la apariencia de que se cumple la ley limitándose a redactar un listado evaluando los riesgos, sino que todas las empresas estarán obligadas a elaborar un plan de prevención que integre todos los recursos necesarios.

Asimismo se presta especial atención a las actividades peligrosas, comprometiendo a las empresas que las desarrollen a disponer de recursos adicionales y asignar un técnico en prevención de riesgos laborales singularmente dedicado a su seguimiento. En la construcción serán también exigibles todas las nuevas disposiciones generales sobre recursos preventivos.

También se reforma el artículo 9 para habilitar con competencias inspectoras a los técnicos de los antiguos gabinetes provinciales de seguridad e higiene en el trabajo, actualmente transferidos a las Administraciones autonómicas. Esta medida supone ampliar la inspección en 800 personas, que vendrán a sumarse a los 600 inspectores actuales. Se responde así, al menos en buena medida, a la vieja demanda sindical (y del sentido común) de incrementar el cuerpo de inspectores dedicados a estas tareas, que obviamente estaban desbordados por el notable aumento de la actividad productiva y el elevadísimo índice de siniestralidad laboral de nuestro país.

En coherencia con los nuevos deberes se ajustan también nuevas sanciones en la Lisos, de forma que se supera la recurrente dicotomía entre prevenir o sancionar para establecer un justo equilibrio entre un mayor impulso de la cultura preventiva (que es el objetivo primordial) y la exigencia de responsabilidades a quienes la burlen, imprescindible para que la prevención no se quede en papel mojado.

Simultáneamente se ha creado el Consejo Tripartito de Mutuas de Accidentes Laborales, que ya ha elaborado un Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social, aunque su aprobación definitiva está a la espera de que sea nombrada una nueva presidencia que ha de recaer en el secretario de Estado de la Seguridad Social que sustituya a Gerardo Camps (consejero en el nuevo Gobierno valenciano).

Aún quedan algunas cuestiones pendientes cuya puesta en marcha ya se ha urgido al Gobierno, como la adaptación del listado de enfermedades profesionales al europeo y el desarrollo reglamentario para su calificación. Los agentes sociales, por su parte, siguen negociando para proponer las modificaciones pertinentes al Reglamento de los Servicios de Prevención (auditorías y actividades peligrosas), así como sobre la coordinación y mecanismos de representación de los delegados de prevención en las empresas.

Cambiar la nefasta consideración de la prevención como un coste a eludir en todo lo posible por la de asumirla como inversión ineludible por respeto a la vida y salud de los trabajadores, necesaria para mejorar los rendimientos y rentable en todos los órdenes para las empresas, es un avance de extraordinaria importancia. Por eso no es exagerado afirmar que este acuerdo es el más alentador de cuantos ha dado el diálogo social en España en muchos años.

Actuando para prevenir riesgos es como se reducen los accidentes laborales, reflexión muchas veces repetida por Joaquín Nieto ( máximo responsable de medio ambiente y salud laboral de CC OO). Pero, por elemental que parezca, no se ha tenido en cuenta con todas sus consecuencias hasta ahora que empezará a difundirse por todas las empresas gracias al sentido de la responsabilidad demostrado por todos los firmantes del acuerdo.