Pancho Villa, en Internet
La imagen tópica del americano de los años sesenta con su colección de tarjetas de crédito puede repetirse por estas coordenadas con las nuevas herramientas de Internet, las firmas digitales y los documentos de identidad electrónicos. En España no hay Administración o grupo profesional que se precie que no esté pensando en emitir, si no lo ha hecho ya, estos símbolos de la modernidad.
El e-DNI será un tarjeta equivalente al DNI actual, al que se añadirán mecanismos de identificación y firma electrónica y que podrá ser utilizado en las relaciones con cualquier Administración pública, particulares y empresas. Está llamado a convertirse en la herramienta clave para el acceso a los servicios públicos y por eso se ha convertido en el objetivo prioritario del nuevo Plan Estratégico para la Implantación de la Administración Electrónica, con el que el Gobierno intenta tapar el fiasco del declinante Plan Info XXI, ya en sus últimos meses de vida y con escasas posibilidades de ver nacer el documento de identidad electrónico.
Antes de 2005, de acuerdo con el programa e-Europe, el Estado debe garantizar que los servicios públicos básicos puedan prestarse de forma interactiva y que todos los ciudadanos cuenten con puntos de acceso público a Internet en sus municipios. Pero para lograr la plena interactividad hay que dotar a esos ciudadanos de una firma electrónica y de su soporte en forma de e-DNI, o de múltiples e-DNI, pues muchos servicios públicos son responsabilidad de más de una Administración y muchos españoles convivimos, como poco, con cuatro Administraciones distintas (central, autonómica, local y europea), además de relacionarnos con notarios, registradores, médicos y una larga lista de profesionales que también prestan servicios públicos.
Será una incomodidad y un despilfarro de recursos, pero el modelo hacia el que avanzamos apuesta por multiplicar las tarjetas digitales y las firmas electrónicas, para relacionarnos con Hacienda o con la Seguridad Social, con Gobiernos autonómicos y locales, o simplemente con el banco o para comprar en un comercio electrónico.
Comunidades como Valencia y Cataluña, y en menor medida el País Vasco, ya tienen muy avanzados proyectos de firma digital con tarjeta electrónica, y detrás van otros Gobiernos y muchos ayuntamientos ansiosos por llevar a la Red las relaciones con sus ciudadanos. Cada Administración es libre para implantar su propio sistema de identificación digital, pero, consideraciones políticas al margen, ese ejército de Pancho Villa en versión digital no parece que sea la alternativa más deseable.
Todavía se está a tiempo de poner un poco de cordura sin caer en ningún monopolio. No se trata de que todas las firmas digitales las tenga que emitir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que hasta ahora es la que ha certificado la identidad digital de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, sino de hacerlas competir con otros certificadores que puedan trabajar con las Administraciones, además de con las empresas privadas.
Pero la firma digital, un fichero que se adjunta al correo electrónico y que permite a los receptores tener la seguridad de que un mensaje no ha sido alterado en el camino y que el remitente es quien dice serlo, sí debe ser universal en su uso, independiente de la autoridad certificadora que lo emita. Tampoco se trata de que la única identificación digital sea la del Ministerio del Interior.
Un e-DNI es una tarjeta inteligente cuyo microchip almacena los datos identificativos del ciudadano y lo acredita ante terceros, y puede ser emitido por una autoridad pública o por particulares, pero el e-DNI oficial sí debe incorporar la acreditación electrónica de la identidad personal en todas las circunstancias y la capacidad para la firma electrónica de todo tipo de documentos. En todas las circunstancias es ante todas las Administraciones, pero también ante otros ciudadanos, pues el digital no tiene que ser distinto al DNI actual. El ciudadano tenderá a usar varias acreditaciones en función de los servicios que demande, como ahora utiliza varias tarjetas de crédito, pero es irrenunciable que al e-DNI oficial se le dote de las máximas oportunidades operativas.
Ciñéndonos a la Administración electrónica, todos los organismos responsables deberían actuar de manera coordinada dentro de marcos comunes y se debería ahondar en la interoperabilidad de las distintas redes de confianza existentes, para asegurar así su mejor desarrollo.
Hay un reto, la implantación de una firma digital moderna y de un documento electrónico de identificación, pero existe otro no menos importante, la operabilidad de esas nuevas herramientas. ¿Cuántas tarjetas tendrá que llevar un ciudadano para sacar el mejor partido de la Red? ¿No vamos a frenar el desarrollo de la sociedad de la información en vez de a impulsarla?