El PP avala la entrada de Tamayo en la Diputación Permanente de Madrid
Eduardo Tamayo, acompañado de la otra diputada expulsada del PSOE, María Teresa Sáez, tomó ayer posesión de su escaño en la Asamblea de Madrid y se integró, tras su inscripción en el Grupo Mixto, en la Diputación Permanente de la institución. Para ello obtuvo los votos del PP, mientras que el PSOE e IU votaron en contra. El reglamento de la Cámara regional obliga a que el Grupo Mixto tenga, al menos, un representante. Tamayo y Sáez recibirán 150.000 euros por pertenecer a dicho grupo, y el primero, en calidad de portavoz, tendrá coche oficial y chófer.
El órgano plenario durante las vacaciones quedó formado por 18 diputados del PP, 15 del PSOE, tres de IU y el propio Tamayo, por lo que éste será quien incline la balanza hacia uno u otro lado en la toma de decisiones. De no haber recogido el acta los dos diputados, el PP hubiera tenido la mayoría absoluta en la Diputación. La mantiene en la Mesa de la Cámara, ya que ésta se formó en ausencia de los dos diputados desertores y con el PSOE e IU, por tanto, en minoría.
Los socialistas pidieron ayer, sin éxito, que se modificara el reglamento de la Cámara para incluir a Tamayo y Sáez en el grupo de los no inscritos, pero el PP se negó con el pretexto de que no daba tiempo, ya que, en realidad, el primer periodo de sesiones terminó ayer gracias al acortamiento de los plazos que favoreció la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa. El apartado tercero del pacto antitransfuguismo suscrito por el PP y el PSOE prevé que 'los concejales que abandonen los partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos no pasen al Grupo Mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la figura de los 'no inscritos' o del 'concejal independiente'.
El calendario para la convocatoria de nuevas elecciones comenzará a verse más claro a partir del viernes, día en el que vence el plazo para la presentación de un candidato a la investidura. PP y PSOE insisten en que no presentarán al suyo, por lo que la disolución de la Asamblea quedará en manos de su presidenta y del presidente de la comunidad en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón.
La propuesta de crear una comisión de investigación sobre la trama que ha posibilitado la deserción de los dos diputados dio lugar ayer a un diálogo de sordos entre el PP y el PSOE. La ejecutiva federal de este último partido avaló la iniciativa, centrada en principio en los intereses urbanísticos que se juegan en la localidad madrileña de Alcorcón, donde la fiscalía ha puesto la lupa sobre las actividades de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, y el ex alcalde del PP Pablo Zúñiga. Sin embargo, el secretario general del PP, Javier Arenas, defendió ayer que la comisión, aún no creada, pueda extender también la investigación sobre más pueblos de la comunidad madrileña, allí donde el PP intuye que se han producido irregularidades urbanísticas bajo la responsabilidad de alcaldes socialistas.
El candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Rafael Simancas, propuso ayer al PP un pacto para que los diputados regionales queden obligados a presentar una declaración pública de bienes antes de iniciar su mandato y una vez finalizado.