El PSOE presenta una enmienda de veto al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones
La nueva regulación de las Telecomunicaciones incorpora algunas novedades muy desatacas frente a la situación anterior: elimina la obligación de contar con una licencia para operar en España, recoge nuevos derechos para los usuarios y aumenta el montante de las multas por infracciones a la competencia hasta los 20 millones de euros. Sin embargo, a juicio de la oposición también tiene muchas lacras y, por ello, intentan hoy en el Senado vez modificar el texto después de que la mayoría absoluta del PP lo rechazara en el Congreso.
Según José María Romero, el proyecto de Ley supone "un retroceso" en comparación con los países comunitarios, donde se tiende a "simplificar los órganos reguladores", y criticó especialmente la creación prevista por el proyecto de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. En este sentido, recordó que el Consejo de Estado no pudo pronunciarse respecto a este organismo ya que el PP introdujo su creación mediante una enmienda en el Congreso. Además, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) considera que la creación de la Agencia es "no conveniente", dado que provoca una duplicación de funciones.
Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, insistió en que es "erróneo" desposeer a la CMT de las funciones que debería tener y otorgárselas a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, que tachó de "apéndice del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de una política errónea".
El grupo socialista también ha presentado una serie de enmiendas que configuran lo que Romero definió como "un estatuto del usuario de telecomunicaciones en España" y otro bloque referido al servicio universal. En este ámbito, Romero destacó la necesidad de que todos los ciudadanos españoles "tengan acceso" a las infraestructuras de telecomunicaciones.
Asimismo, el senador socialista abogó por "introducir elementos racionales de financiación del servicio universal". En este sentido, una de las enmiendas señala que esta financiación debe realizarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a las aportaciones realizadas por los operadores mediante un mecanismo de compensación en condiciones de transparencia. Romero expresó la "preocupación" del PSOE por el recorte de plantilla que llevará a cabo Telefónica y aseguró que este ajuste y los realizados ya por otras compañías son responsabilidad en parte del hecho de que el sector "no está adecuadamente regulado".
El proyecto de Ley también levantó en su día las críticas entre los internautas que, aseguran, la privacidad de las comunicaciones se verá conculcada. Según denuncia la Asociación de Internautas (AI), la nueva norma habilita al Gobierno para obligar a facilitar a un organismo del Estado las claves, algoritmos u otros procedimientos de cifrado utilizados para asegurar la confidencialidad de la información. De este modo, según la AI, la autoridad competente podría inspeccionar las comunicaciones ¢sin autorizaciones ni controles¢ con el peligro de que dichas claves ¢puedan caer en manos de ladrones¢, decía un comunicado emitido por esta asociación. Sin embargo, este aspecto sí fue modificado en el Congreso.