El servicio público de RTVE
Dijeron los profetas que se extinguía el papel o, si se prefiere, el soporte papel y que en adelante sólo habría registros escritos en soportes electromagnéticos. Desde entonces estamos a la espera del cumplimiento de esa y otras profecías, pero entre tanto cada uno imprime sobre papel casi todas las comunicaciones que envía o recibe vía Internet o CD o DVD o vaya usted a saber. El hecho es que el uso y abuso del papel se multiplica de manera exponencial para alegría de fabricantes y suministradoras y para amenaza del arbolado.
Se multiplican las páginas web capaces de inundarnos de información de apariencia exhaustiva pero seleccionada con indisimulada intención mientras, al tiempo, el correo deposita en nuestras manos valiosas piezas en papel. El reparto de ayer resultó excepcional con la llegada de dos impresos de peso: el referente a La situación de los refugiados en España, presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que acaba de editar la Fundación Santa María y el Informe anual sobre el cumplimiento de la función de servicio público del grupo Radio Televisión Española en 2002.
Limitaciones de espacio y tiempo obligan a dejar para una próxima columna el comentario del informe que presenta Delia Blanco, presidenta de la CEAR, sobre los refugiados y los cientos de demandantes de esa condición. Son los que se hacinan en los campos de Sangatte en Francia o de Fuerteventura, Ceuta o Tarifa, en medio de una pasividad cómplice, amparada en ese no conocer, el mismo que adujeron ciudadanos del III Reich y que en absoluto les exculpó ante la Historia de las atrocidades de ese régimen. A ellos ha dedicado su grito y denuncia en la Bienal de Venecia nuestro Santiago Sierra, de la mano protectora de Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, que conoce de primera mano la situación.
Baste ahora recordar con Delia Blanco que en julio se cumple el 25 aniversario de la adhesión de España a la Convención de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados. Subrayar cómo, en plena transición democrática, la sociedad española se comprometió con los refugiados y de ahí que funcionara el consenso para la puesta en marcha de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Afirmar de nuevo que hoy, un cuarto de siglo después, el Gobierno aznarí ha convertido en papel mojado la Ley de Asilo y los compromisos internacionales que debe cumplir, así como el artículo 14 de la Constitución, donde se prohíbe discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y observar el grave deterioro de la propia Convención de 1951 en medio de una ola de miedos irracionales que ha invertido la consideración al refugiado y ha residenciado en su figura el origen de todos los temores.
Pero, queridos niños, volvamos a la cuestión principal, la de RTVE. Está desarrollada en un volumen de 405 páginas, con el despilfarro propio de las ediciones institucionales, en papel couché y cuatricromía, con profusión de fotografías irrelevantes, arbitrarias o meramente propagandísticas, seleccionadas sin criterio alguno.
El informe lo presenta con un texto inicial José Antonio Sánchez, director general del Ente. Desde esa posición cumbre aprovecha la oportunidad para poner al lector en antecedentes fundamentales de los que trae origen semejante infolio. Por eso invoca la modificación legislativa vigente desde el 1 de enero de 2002 mediante la que 'en el Estatuto de la Radio y la Televisión, se ha encomendado a RTVE una función de servicio público que engloba todos los programas y canales de Radio Nacional de España y de Televisión Española'. Sánchez no se para en barras y asegura que esa modificación 'resulta vital' para el futuro del grupo RTVE.
Les parecerá barro, tal vez les habrá pasado inadvertida, pero la modificación sobre la que alerta el director general debe ser del máximo calado y cargada de consecuencias para nuestras vidas. Claro que lo que se presenta como novedad deja de serlo si se consulta el Estatuto de la Radio y la Televisión promulgado como Ley 4/1980 de 10 de enero de aquel año. Desde el preámbulo se afirma que 'la radiodifusión y la televisión, configuradas como servicio público esencial, cuya titularidad corresponde al Estado, se concibe como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer'.
O sea que la función de servicio público ya estaba encomendada e incumplida de manera cada vez más grave y escandalosa desde 1980 y que ahora, por prescripción europea, lo que se ha hecho es declarar servicio público toda la basura en cualquiera de los formatos en que se emite. Continuará.