Toledo afronta una nueva crisis por el rechazo al plan de reformas
Perú se encuentra en medio de dos crisis: una política y otra social. El viento no sopla a favor. La fragilidad institucional del país -heredada del pasado- se ha agudizado. La población pide más gasto público, recordando que Alejandro Toledo ofreció un aumento durante la campaña electoral, cuando la estrechez de la caja fiscal y el peso de la deuda pública ya eran apremiantes. A ello se añade que la economía está perdiendo el dinamismo del año pasado. Sin duda, Perú está en un punto de quiebre político, en un escenario económico difícil.
El presidente Alejandro Toledo atraviesa por el momento más crítico de su gestión. La aprobación a su Gobierno se ha desplomado del 59% a 11% en sólo 22 meses. Las calles le han dado la espalda: 20 departamentos fueron escenario de violentas manifestaciones públicas en el último mes. El estado de emergencia, declarado la noche del 27 de mayo, no pudo contenerlas. La población desafió a la autoridad y continuó con sus protestas hasta ver atendidas sus demandas.
El Gobierno, tras adoptar una postura inicial firme que privilegiaba la disciplina fiscal, terminó cediendo a casi todas las demandas de los grupos de manifestantes. Lamentablemente, tras esto, ha quedado en algunos grupos de la población la imagen de que la toma de carreteras o las manifestaciones violentas son caminos que conducen a la rápida atención de sus exigencias.
El total de concesiones otorgadas por el Gobierno le costará 215 millones de dólares en lo que queda de 2003. Para financiarlas, acaba de anunciar un paquete amplio de medidas. æpermil;stas pueden dividirse en tres grupos: ajuste de algunos gastos, aumento de tasas impositivas y ampliación de impuestos específicos y reformas estructurales.
En los dos primeros se concentra la mayoría de normas de corto plazo que tendrán aplicación inmediata, pues no requieren aprobación del Congreso. En contraste, el último busca atacar dos problemas económicos que requieren resolución urgente, pero cuya aplicación está sujeta a la aprobación del Parlamento. El primero tiene que ver con la eliminación de hasta un tercio del total de exoneraciones y beneficios tributarios. El segundo está asociado con una reforma parcial del Sistema Nacional de Pensiones, que busca reducir sus iniquidades. Al final, la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno podría impedir que se materialicen estas iniciativas.
En líneas generales, el paquete de medidas presentado por el Ministro de Economía puede calificarse de acertado para el corto plazo. Resulta muy importante que, en un país con larga historia de déficit fiscal y sobreendeudamiento como Perú, quede claro que cuando se adoptan medidas de carácter populista, siempre alguien tiene que pagar la factura.
En el mediano plazo, los efectos podrían ser contrapuestos. Por un lado, si se aplica la reforma de pensiones y se eliminan las exoneraciones tributarias, el saldo sería favorable. Por otro lado, algunos nuevos impuestos (a los intereses y ganancias de capital y al servicio de telefonía y cable) podrían tener un impacto microeconómico negativo sobre el funcionamiento de algunos mercados.
El pronóstico de la situación política en Perú es de carácter reservado. Claramente, Alejandro Toledo se enfrenta a una crisis de supervivencia política. Las decisiones que tome de aquí en adelante, especialmente en relación con la conformación de su nuevo gabinete ministerial, definirán si sale de ella airoso o no.