Los inspectores temen una mayor opacidad de los bancos
Mientras la reforma de la Ley General Tributaria sigue su tramitación parlamentaria, expertos en fiscalidad e inspectores de Hacienda se reunieron ayer para analizar los cambios que se avecinan. Entre los puntos más discutidos está el nuevo régimen sancionador, configurado de tal forma que, para muchos inspectores, supondrá la imposibilidad de castigar con dureza a las entidades financieras que no comuniquen datos de cuentas bancarias.
En la actualidad, estoy llevando un caso de fraude a través de cuentas vinculadas a paraísos fiscales que no se han comunicado. Es un caso equiparable al de las cesiones de crédito y hay un número elevado de cuentas de las que no se ha informado. Con la nueva Ley General Tributaria, esta situación no se va a poder sancionar'. En estos términos se expresaba ayer un inspector de Hacienda durante el III Encuentro Tributario organizado por la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (Apife).
En opinión de Fernando Hornillos, inspector coordinador de la Unidad Regional de Inspección, 'salvo en los casos de rebeldía manifiesta, será muy difícil sancionar en la práctica'.
Las comparaciones entre las sanciones actuales y las futuras no son fáciles porque hay mucho más que una actualización de importes. Sin embargo, en el caso de la sanción por incumplir obligaciones de información, la queja de la inspección es clara. Ahora, si la multa impuesta supera los 6.000 euros, se podrá castigar al banco que no facilite información a perder beneficios fiscales y subvenciones, así como a no contratar con el Estado durante unos años.
Con la futura ley, para imponer esta pérdida de beneficios, se exige que la multa sea superior a los 30.000 euros y, además, que haya existido comisión repetida de la infracción. Al margen de que ahora se eleva el umbral que abre la puerta a la mayor sanción, la comisión repetida sólo se da cuando en los cuatro años anteriores ya se hubiera sufrido una sanción por una infracción de 'idéntica naturaleza'.
Para Hornillos, bajo esta situación 'será difícil aplicar las sanciones no pecuniarias a las entidades bancarias que no suministren información'. Tras la afirmación, el cerca de centenar de inspectores ayer congregados se preguntó desde sus asientos '¿quién está detrás de esta reforma?'. Nadie respondió.
Otra cuestión que también preocupa a los inspectores es la nueva regulación del fraude de ley, ahora llamado conflicto en la aplicación de la norma, una situación que la ley no castiga.
Para Ignacio Ciutat, inspector de la Oficina Nacional de Inspección, 'cuando se declaran precios desorbitados, se acude a negocios torticeros y todo con el único motivo del ahorro fiscal, el resultado para el contribuyente no debería ser bueno y en la nueva ley lo es'. En opinión de los participantes en la jornada, es previsible que a partir de ahora el contribuyente prefiera acudir a fórmulas confusas antes que a dejar de pagar.
Tampoco parece gustar demasiado a los inspectores el sometimiento absoluto que tendrán a todas las consultas de tributos, una novedad que calificaron de 'manía de la ley', por el alto número de veces que esta vinculación se repite en la norma. Al tiempo, se mostraron preocupados por la falta de previsión de la ley en cuanto al cómo y al cuándo podrá Hacienda cambiar de criterio para, por ejemplo, adecuarse a las interpretaciones de los tribunales.
Bajo la sombra de la prevaricación
Unos 60 inspectores han sido acusados hace poco de prevaricación o, lo que es lo mismo, de haber dictado una resolución sabiendo que es arbitraria. Según Ignacio Ciutat, inspector de la Oficina Nacional de Inspección, la cifra es aproximada y no relevante, pero sirve para ejemplificar la presión bajo la que están los inspectores cuando discuten con los contribuyentes y que podría aumentar con la vinculación que tendrán a todas las consultas de Tributos.