Otra PAC es posible y necesaria
La política agrícola común (PAC) respondió en su origen a las necesidades europeas en un contexto de escasez de alimentos, fuerte dependencia del exterior y temor al desabastecimiento en los mercados por cualquier vuelco que pudiera darse en la situación política internacional, no descartable teniendo en cuenta que apenas habían pasado 15 años desde la terminación de la II Guerra Mundial y el apogeo de la guerra fría en aquellos momentos.
En tal marco, Europa necesitaba producir la mayor cantidad de alimentos al menor coste, y simultáneamente, liberar mano de obra para impulsar el desarrollo de la industria y los servicios. Ya entonces se diseñó la PAC atendiendo sobre todo a las actuaciones que incidían en los mecanismos de mercado, basándose en el modelo aplicado en Francia, la mayor productora agraria de los seis países fundadores.
La política de mercados dio sus frutos de manera rápida y espectacular. A mediados de los sesenta las OCM (organización común de mercados) cubrían más del 85% de la producción. Pero la política de estructuras se descuidó desde el principio de la PAC. Las primeras directivas encaminadas a la modernización de las explotaciones, la capacitación profesional o las ayudas a las zonas menos favorecidas no se adoptaron hasta 1972 y en la financiación de las medidas estructurales nunca se ha mantenido el principio de solidaridad financiera.
Todavía en la actualidad la distribución de fondos entre las dos políticas de la PAC, mercados y estructuras, es del 85% y el 15%, respectivamente. El empleo no fue tomado en consideración hasta la reforma inspirada en el Libro Verde del año 1985, coincidiendo con las primeras regulaciones para impulsar la diversificación económica en el medio rural.
Con el tiempo, aquella política común, y durante décadas la única, de gran valor para el desarrollo europeo y considerable factor de redistribución de la riqueza, ha provocado serios desequilibrios y se ha quedado obsoleta.
El crecimiento de los excedentes agrarios, el aumento del gasto mientras decrece el número de agricultores, el impacto sobre el medio ambiente de una agricultura cada vez más productivista, los graves problemas habidos en torno a la seguridad alimentaria, los conflictos en el seno del GATT por las exportaciones subvencionadas y la ampliación de la UE con países que tienen 50 millones de hectáreas productivas y 5,5 millones de agricultores, han hecho ineludible la necesidad de una reforma de la PAC en profundidad.
La propuesta de reforma presentada por el comisario Fischler en julio del año pasado se orientaba con criterios generales en buena parte aceptables, pero las medidas concretas para su aplicación podían generar efectos contradictorios y por tanto han suscitado un tenso y largo proceso de debates entre los países miembros.
Así por ejemplo, el desacoplamiento de las ayudas vinculadas a la producción pueden favorecer la agricultura familiar y con ello prevenir el despoblamiento, la desertización y el desequilibrio territorial, pero fijar los subsidios en base a los rendimientos históricos iría en dirección contraria, forzando al paulatino abandono de la actividad agraria y perjudicando además a la agricultura mediterránea, cuyos rendimientos siempre han sido inferiores a la centroeuropea.
La propuesta que ayer mismo se presentaba a última hora en la reunión celebrada por los ministros de Agricultura en Luxemburgo desde la semana pasada, parece más equilibrada al mantener un 30% de las ayudas vinculadas a la producción de herbáceos y reforzando las exigencias para respetar el medio ambiente, la calidad alimentaria, el bienestar animal y la seguridad laboral de los trabajadores.
No obstante, aún falta prestar más atención a los criterios de cohesión en la modulación de las ayudas. Para ilustrar tal necesidad, puede valer el caso español, donde el 14% de las subvenciones se distribuyen entre un 70% de los agricultores, mientras el 32% se concentra en un 2% de empresas agrícolas. Por producciones, el 69% va a las continentales y tan sólo el 22% a las de tipo mediterráneo.
Pero que los debates se limiten casi al reparto de las ayudas, dentro de un presupuesto comunitario a todas luces insuficiente para afrontar los retos de todo tipo que tiene la UE en el futuro inmediato, hace presagiar que el compromiso salido de Luxemburgo será, a lo sumo, circunstancial. Salvar de momento las privilegiadas posiciones de unos en lo fundamental, sin perjudicar en exceso a los demás ni aportar un euro más, llevará más pronto que tarde a plantearse de nuevo la reforma necesaria de la PAC. Posiblemente antes incluso de 2007, fecha en la que debería entrar en vigor la que se está discutiendo estos días.