El Gobierno vasco afirma que la ley de cajas no es 'intervencionista'
El Ejecutivo vasco defendió ayer el reglamento que desarrolla la Ley de Cajas aprobada por el Parlamento de Vitoria y aseguró que es menos 'intervencionista' que la que regirá en comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Canarias. Este argumento fue utilizado por la vicelendakari, Idoia Zenarruzabeitia para defenderse de las acusaciones realizadas desde la Diputación de Álava, a través de uno de sus máximo responsables, Carlos Samaniego, que calificaron el borrador de decreto de 'vergonzoso' y de 'atraco a mano armada' en la medida que marca determinadas directrices para la obra social de las cajas de ahorros.
Idoia Zenarruzabeitia tenía, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Vitoria, las baterías cargadas para intentar rebatir las críticas que se han vertido sobre la polémica Ley de Cajas de ahorros vascas. Primero fue su aprobación por parte del Parlamento vasco y, ahora, el desarrollo de su articulado. Zenarruzabeitia, que no quiso polemizar con los representantes de la Diputación de Álava, controlada por el PP, esgrimió los reglamentos de la Comunidad de Murcia o la de Canarias, 'mucho más intervencionistas' para defender unas tesis que está dispuesta a consensuar con las entidades fundadoras de las entidades de ahorro (ayuntamientos de las tres capitales y las diputaciones) y con sus gestores.
El debate sobre el futuro de las cajas ahorros, un debate abierto en todo el Estado, ha subido de tono en el País Vasco. Carlos Samaniego, teniente de diputado general de Álava y miembro de la dirección de Vital Kutxa, se empleó el lunes a fondo para descalificar los planes del Gobierno vasco. Samaniego definió el reglamento de 'un intervencionismo preocupante sin que las cajas tuvieran conocimiento'.
Decreto transparente
Zenarruzabeitia, por su parte, destacó que el decreto es 'transparente' y que su intención tras iniciar un diálogo con las cajas es aprobarlo cuanto antes. Los principales puntos sobre los que se basa el reglamento fijan las directrices de la obra social de las cajas vascas que en su conjunto manejan un presupuesto de 130 millones de euros. Si el proyecto sale adelante, las entidades de ahorro deberían someterse a una fiscalización periódica del Gobierno vasco que controlaría el destino de los recursos para la obra social.
La Ley vasca de Cajas de ahorros, en cualquier caso, está cuestionada en diferentes frentes. El PP ha anunciado que presentará recurso ante el Constitucional. De momento sólo ha amagado.