La Eurocámara pide explicaciones a Solbes por el fraude en Eurostat
El comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, se sometió ayer en el Parlamento Europeo a una inquisitiva sesión de control presupuestario. Durante las más de tres horas y media se intentó dilucidar las responsabilidades políticas y administrativas respecto a los casos de fraudes detectados en Eurostat. La Eurocámara no descarta abrir una investigación formal que puede hacer tambalearse a la Comisión Europea.
Eurostat, la oficina europea de estadísticas con sede en Luxemburgo, se encuentra bajo investigación tanto por parte de la Olaf (Oficina europea de lucha contra el fraude) como por las autoridades judiciales francesas y luxemburguesas. La Comisión ha relevado del cargo, a petición propia, al director general de la oficina, el francés Yves Franchet, y a otro alto funcionario, ante su presunta implicación en una trama fraudulenta que data de 1998.
El escándalo gira en torno a las contratas concedidas por Eurostat a varias compañías (en algunos casos de hasta 50 millones de euros), así como en la apertura de una cuenta bancaria que escapó al control comunitario y hacia la que se podría haber desviado casi un millón de euros. Las acusaciones cruzadas entre la Comisión, Eurostat y la Olaf sobre la pasividad de las instituciones ante un fraude denunciado repetidamente amenaza con derivar en un escándalo político de consecuencias imprevisibles. El Parlamento Europeo indaga ahora las posibles responsabilidades políticas por acción u omisión y apunta claramente a la cúpula de la Comisión Europea.
Neil Kinnock, el laborista británico titular de la vicepresidencia de la Comisión y que se ocupa de la reforma administrativa, y Michaele Schreyer, la alemana de los Verdes que ocupa la comisaría europea de Presupuesto, acompañaron ayer a Solbes en la comparecencia ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, la misma que en 1999 logró la dimisión en pleno de la Comisión Europea.
El nuevo equipo, presidido por Romano Prodi, convirtió el saneamiento de la gestión en una de sus máximas prioridades. Objetivo: superar la acusación del equipo de expertos que analizó la labor del organismo comunitario hasta 1999 y cuya demoledora conclusión fue que 'parece difícil encontrar en la Comisión alguien que tenga siquiera una pizca de responsabilidad'.
'Nos parece innegable que el sistema no ha funcionado adecuadamente', admitió Solbes ayer en una declaración de cuatro páginas consensuada previamente con el presidente de la Comisión, Romano Prodi, y con el resto de comisarios.
'La Comisión está profundamente preocupada (...) y nos tomamos este asunto muy en serio'. El organismo comunitario ha creado un gabinete de crisis de alto nivel para seguir la evolución política y judicial de la trama, y Solbes espera que 'a mediados de octubre (...) se puedan extraer conclusiones apropiadas'.
Pero el Parlamento Europeo parece tener su propio calendario, en una recta final de legislatura que concluye dentro de 11 meses. 'Los diferentes grupos sopesarán en los próximos días la posibilidad de pedir la censura de uno o varios comisarios', indican fuentes del Parlamento, que advierten de la posibilidad de que 'el fuego amigo' sea tan peligroso 'como el fuego cruzado de las diferentes formaciones y nacionalidades'.
Populares y socialistas asaetearon ayer por igual a los tres comisarios que, al final de la sesión, se comprometieron incluso a seguir respondiendo por escrito algunas de las preguntas más concretas.
'Los comisarios tienen una responsabilidad política', subrayó el eurodiputado alemán y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Control presupuestario.
Referéndum en España por la Constitución europea
La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, anunció ayer que el Gobierno 'tiene la intención de someter a referéndum nacional' el texto de la futura Constitución de la UE, que surgirá a partir de las propuestas de la Convención de la UE y que ahora debe ser negociado en Conferencia Intergubernamental entre los Quince, informa Europa Press.Palacio considera que 'lo ideal' es que la consulta se haga coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para junio de 2004. Palacio hizo el anuncio ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de la UE.Palacio precisó que la firma del nuevo tratado se hará en mayo de 2004, coincidiendo con la entrada de los 10 nuevos socios de la Unión. La ministra estima que, para dejar tiempo al trabajo de los juristas, los Gobiernos deben lograr un 'consenso político' en febrero próximo.El portavoz socialista, Rafael Estrella, expresó el respaldo del PSOE a la convocatoria de referéndum, aunque recordó al Ejecutivo que tiene la obligación de batallar por mantener el reparto de poder fijado en el Tratado de Niza. Palacio adelantó que la Administración española no aceptará la propuesta de doble mayoría en el Consejo de Ministros; este plan consiste en que, a partir de 2009, las decisiones deberían ser tomadas por mayoría de los Estados que supongan al menos el 60% de la población de la UE.La ministra también declaró que las últimas perspectivas financieras plurianuales que se adoptarán por unanimidad serán las del periodo 2007-2013.