Andalucía obliga a 164 municipios a reservar el 30% del suelo para VPO

Las familias andaluzas con ingresos anuales hasta 21.657 euros podrán comprar VPO a precios entre 55.300 y 105.078 euros. Para satisfacer esta medida prevista en el Plan Andaluz de la Vivienda, la Junta de Andalucía ha creado la figura del Municipio de Relevancia Territorial, que está obligado a reservar el 30% del suelo para uso residencial a vivienda protegida. La medida afecta a 164 localidades de aglomeraciones urbanas y zonas costeras.

Los principales ayuntamientos andaluces tendrán que destinar el 30% del suelo que programen para desarrollo inmobiliario a edificar viviendas protegidas, dirigidas a las clases medias.

Esta medida afecta a 164 municipios que cumplen alguna de las siguientes características: están enclavados en áreas metropolitanas o en las costas de la comunidad y tienen más de 20.000 habitantes.

Actualmente, Andalucía cuenta con un cupo anual de 7.000 viviendas de protección oficial (VPO), acogidas al plan de vivienda del Ministerio de Fomento. Esta cantidad es claramente insuficiente en una región de casi 7,5 millones de habitantes en la que la escalada del precio de los pisos ha convertido en insolventes a los potenciales compradores con rentas medias.

Estos motivos son los que han impulsado a la Consejería de Obras Públicas a incluir en el Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007, aprobado por el Consejo de Gobierno el martes pasado, una nueva figura de VPO de carácter autonómica y específica para atender a este colectivo.

El Plan de Vivienda contempla para los próximos cinco años la puesta a la venta de 60.000 nuevos pisos de VPO en la región, dirigidas a dos colectivos diferenciados por las rentas.

El primer grupo lo componen las familias, que ganan hasta 4.5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que pueden adquirir pisos de 70 y 90 metros cuadrados a precios que oscilan entre los 55.300 y 105.078 euros, en función del municipio en el que se encuentre y de que cuente con servicios complementarios como garaje o trastero. Se trata, por tanto, de una medida dirigida a personas con rentas anuales máximas de 21.657 euros que hasta ahora no accedían a la vivienda protegida por sobrepasar los topes de ingresos establecidos.

El segundo colectivo es aquel con rentas inferiores a 2,5 veces el SMI, para el que se ofertan pisos de VPO de 70 metros de superficie máxima a precios que se sitúan entre 50.104 euros y 70.705 euros.

Este último grupo, además, tiene oportunidad de acceder a préstamos cualificados y una ayuda para la cuota de entrada. En el caso de familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI, esta ayuda equivaldrá al 6% del precio de la vivienda y se destinará a reducir la cuota del préstamo hipotecario.

Con el objetivo de asegurar suelo suficiente y cumplir con los planes establecidos en el Plan de la Vivienda, el Gobierno andaluz ha creado por decreto la figura del Municipio de Relevancia Territorial, que debe reservar el 30% de su superficie urbana para pisos de VPO.

Los promotores cuestionan la eficacia

Los promotores andaluces agrupados en Fadeco están de acuerdo en las dificultades de las clases medias para comprar una vivienda. Pero ven difícil que las medidas de la Junta reparen la situación.En primer lugar advierten que las reservas de suelo para VPO no tendrán efecto a corto plazo, 'porque es necesario primero adaptar los planes generales de ordenación urbana (PGOU) a la nueva Ley del Suelo de Andalucía y hay un plazo de cuatro años para ejecutar esta adaptación', según Juan Aguilera, secretario de Fadeco-Promotores.Además, estiman que no es fácil para los promotores acogerse a los cupos de VPO establecidos. Estos cupos son las 7.000 viviendas anuales que establece el Ministerio de Fomento y las 12.000 adicionales contempladas por la Junta, 'mientras el 30% del sueldo urbano da para muchísimas más viviendas'.El tercer obstáculo es que la Junta no ofrece ayudas adicionales para el grupo de rentas que alcancen cuatro veces el SMI, 'y el promotor difícilmente cubrirá los costes', por lo que se corre el riesgo de que el precio de la vivienda libre crezca aún más 'para compensar'.