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Pactos

Zapatero cede al PP la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, informó ayer tras la reunión de su ejecutiva que ha pedido al PSE que apoye al PP en la Diputación de Álava, gesto que cierra el paso a un hipotético Gobierno del PNV, pese a que éste fue el partido más votado el pasado 25 de mayo. 'Lamentablemente, el PP no ha aceptado nuestra propuesta y entre el poder y reforzar la Constitución ha optado por el poder', señaló el líder socialista. Según Zapatero, el PSE dará una muestra de 'generosidad constitucional', tanto en la Diputación de Álava como en el Ayuntamiento de Vitoria, que también será gobernado por el PP.

El pulso que libraban los dos principales partidos de ámbito nacional por el control de la Diputación de Álava (1.450 millones de euros de presupuesto) parte de la experiencia de la anterior legislatura, en la que los socialistas apoyaron al Gobierno del PP, y también de los resultados obtenidos el pasado 25 de mayo. El PNV consiguió en las juntas generales de Álava 59.000 votos, el 36% de los apoyos, y 19 junteros. La segunda fuerza más votada fue el PP, con 47.000 apoyos, el 29%, y 16 junteros. El PSE quedó en tercer lugar con 35.000 votos, casi el 22%, y 12 junteros.

En el Ayuntamiento de Vitoria (258 millones de presupuesto), el PP empató a nueve concejales con el PNV, mientras que el PSOE logró cinco. Con este reparto, los socialistas propusieron al PP que mantuviera con su apoyo el Gobierno de la corporación municipal y, a cambio, este partido respaldara al PSE al frente de la Diputación de Álava. Sin embargo, el PP no transigió y exigió gobernar en ambas instituciones, a sabiendas del alto coste que hubiera tenido para José Luis Rodríguez Zapatero abrir la llave de ambos Gobiernos al PNV.

Oferta de coalición

La duda reside ahora en si los socialistas aceptarán o no la oferta que les ha trasladado el PP vasco para participar en los Gobiernos de la Diputación alavesa y del Ayuntamiento de Vitoria. Se trataría de una fórmula de coalición que ya rechazó el PSE en la anterior legislatura, cuando optó por respaldar externamente a los populares sin participar en ambos Ejecutivos. En principio, la dirección socialista se decanta por mantener esta estrategia, sin asumir responsabilidades de gobierno.

El desenlace del pulso que se inició el pasado 26 de mayo tiene otra derivada. Si bien Zapatero mantuvo ayer que el PSE respaldará al PP en la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria ' a cambio de nada', consta como antecedente la decisión del PP de respaldar a los socialistas en todos aquellos ayuntamientos vascos donde no hayan obtenido la mayoría absoluta y, por tanto, puedan estar al albur de los nacionalistas. Este gesto del PP, presentado por su secretario general, Javier Arenas, como una firme apuesta por el constitucionalismo, dejará en manos del PSE, entre otras, las alcaldías de Sestao, Portugalete, Santurce y Andoain. El pasado 25 de mayo, los socialistas vascos sufrieron un serio castigo en la margen izquierda, aunque en Guipúzcoa obtuvieron buenos resultados que les permitirán seguir gobernando en San Sebastián y otros ayuntamientos como Irún, Rentería, Lasarte o Eibar.

La decisión de Zapatero de pedir al secretario general de su partido en Álava, Javier Rojo, que respalde al candidato del PP, Ramón Rabanera, en la Diputación alavesa no ha sido aceptada de buen grado. El portavoz del PSE en las Juntas Generales de Álava, Txarli Prieto, precisó ayer que no existe ningún acuerdo para apoyar la candidatura de Rabanera tras afirmar que Zapatero había dejado las cosas poco claras, informa Efe.

Desde el PP se interpretó que el anuncio del PSOE supone 'un serio revés' para el plan soberanista del lendakari, Juan José Ibarretxe.

El Supremo decidirá el jueves sobre Atutxa

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, envió ayer al Tribunal Supremo por correo certificado un escrito en el que le comunica la 'imposibilidad' de disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna, contraviniendo así la orden dictada recientemente por dicho tribunal.En el escrito, Atutxa recuerda que la Mesa del Parlamento apoyó la incorporación al reglamento de la Cámara de un anexo que posibilite la disolución de grupos por orden judicial y que la Junta de Portavoces rechazó esta propuesta. Votaron en contra de ella los partidos nacionalistas.El Supremo decidirá el jueves qué medidas toma contra Atutxa. æpermil;l y otros miembros de la Mesa podrían haber incurrido en un delito de desobediencia. Lo cometen aquellas autoridades 'o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales'. Está penado con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.Otro de los delitos posible es la denegación de auxilio. Lo cometen la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en asunto administrativo. Se castiga con pena de inhabilitación especial.

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