La ley de grandes ciudades aparca los estatutos de Madrid y Barcelona
La ley de capitalidad de Madrid y la carta de municipalidad de Barcelona tendrán que esperar. El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de modernización de Gobiernos locales, sin incluir un estatuto específico para estas dos ciudades.
El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, admitió que aún no hay 'consenso' suficiente para sacar adelante estas normas, a pesar de que se ha estado discutiendo durante más de un año con todas las fuerzas políticas, por lo que ha decidido, finalmente, desgajarlas del proyecto de ley.
El texto aprobado ayer tiene dos bloques bien diferenciados. El primero de ellos se refiere exclusivamente a las grandes ciudades, para las que crea un régimen orgánico-funcional específico. El Ejecutivo ha fijado el corte en núcleos urbanos superiores a 250.000 habitantes (hay 15), capitales de provincia de más de 200.000 habitantes (hay cinco) y ciudades con sedes de instituciones autonómicas. Entre lo más novedoso destaca la configuración de un Gobierno municipal como verdadero órgano ejecutivo. Estará integrado por el alcalde y la 'junta de gobierno local'.
Gobernar sin ser concejal
Podrán formar parte de esta junta personas que no reúnan la condición de concejal (hasta ahora es imprescindible), aunque la mayoría de los miembros han de ser cargos electos. Igualmente, se crean órganos directivos municipales, intermedios entre el nivel político y la Administración municipal, cuyos titulares han de ser funcionarios superiores.
El Pleno sale reforzado. La ley le atribuye el control y la fiscalización del Gobierno local, además de la potestad normativa. El asesoramiento legal corresponderá a un funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional, que actuará como secretario. También se crean órganos locales económico-administrativos para resolver reclamaciones. Es un paso intermedio entre el recurso al alcalde y el contencioso-administrativo, para agilizar este tipo de procesos y evitar el colapso de los tribunales. Los consejos sociales de la ciudad, no vinculantes, servirán para que los vecinos participen en grandes proyectos urbanos y políticas de desarrollo local.
El proyecto de ley contiene otra parte, de reforma de la ley reguladora de las bases de régimen local, que afecta a todos los municipios, además de las grandes ciudades. Esta parte potencia la participación ciudadana con nuevas figuras como la iniciativa popular local (capacidad para promover normas), similar a la que se ejerce en el Parlamento.
La nueva ley clarifica también la gestión de los servicios públicos. De esta forma, potencia los consorcios e introduce la posibilidad de crear mancomunidades formadas por municipios de distintas comunidades autónomas. También incorpora al ámbito local la figura de las entidades públicas empresariales.
Por otra parte, el Gobierno aprovechó ayer para aprobar el proyecto de ley que desarrolla la 'firma electrónica' como instrumento para relanzar el comercio por Internet y las relaciones con las Administraciones. Permitirá tramitar becas y ayudas.