El nuevo trasvase del Ebro reduce a la mitad su impacto ambiental
En julio hará dos años que se aprobó la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que incluye la ejecución del trasvase desde el tramo bajo del Ebro a las cuencas de Cataluña, Levante y Sur. La ley establecía en una disposición adicional que, en el plazo máximo de un año, el Gobierno debía tener un 'plan integral de protección del delta del Ebro'.
Entre otras cuestiones, este plan debe definir el caudal mínimo ecológico para el Ebro en la zona afectada por el trasvase, situada a 2,5 kilómetros de Tortosa (Tarragona). Esta cuestión técnica ha enquistado las relaciones entre el Ejecutivo central y el Gobierno catalán, ya que éste defiende elevar en 30 hectómetros cúbicos el caudal ecológico que propone el Ministerio de Medio Ambiente, que propone 100 hectómetros cúbicos para asegurar la viabilidad del trasvase.
Sin esta premisa, Cristina Narbona, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, considera 'invalidado el propio estudio' que presentaron ayer el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, y el director general de Obras Hidráulicas y presidente de la Sociedad Estatal del Infraestructuras del Trasvase (Trasagua), Juan Manuel Aragonés.
Narbona señaló, además, que el estudio se reduce sólo a los impactos del trazado del trasvase y no hace referencia a los efectos que tendrá sobre el propio río ni sobre el delta. De ahí que prevea que se presentarán numerosas alegaciones al documento antes del 2 de agosto.
Una vez se incorporen las alegaciones, Medio Ambiente procederá a realizar la declaración ambiental del trasvase y su trazado definitivos.
Según el nuevo proyecto, la mitad de los 914 kilómetros del trazado de esta transferencia aprovechará infraestructuras ya existentes y afectará a 3,3 kilómetros de espacios naturales protegidos, la mitad de los 7,5 kilómetros que se veían perjudicados según la versión anterior. Todo ello sin modificar el presupuesto previsto de 18.000 millones para el PHN. Los tramos naturales afectados se sitúan en las sierras murcianas de Ricote y Espadán.
A pesar de ello, una treintena de activistas españoles de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/Adena) no dudaron en manifestarse ayer en Bruselas contra un plan que afectará a 46 espacios protegidos por la Red Natura 2000. La organización recuerda a la Comisión Europea que financiar un proyecto como éste 'podría contravenir la legislación europea, así como el reglamento europeo que regula los fondos regionales'.
Elvira Rodríguez señaló ayer, frente a las quejas ecologistas, que 'es muy fácil decir no a un trasvase cuando no se viven de cerca los déficit hídricos'.
La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, se comprometió en marzo ante el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, a estudiar los informes de cinco expertos internacionales en los que se cuestiona la viabilidad del proyecto de trasvase.