Cataluña exige asumir la Forcem al margen del resto de comunidades
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, prometió a finales de 2002 que su departamento implantaría en enero pasado un nuevo sistema de formación continua en toda España. La promesa ha quedado en papel mojado hasta la fecha, ya que ni hay un nuevo modelo ni se han convocado los planes de formación para este año 2003, pendientes de este cambio.
En el nuevo sistema diseñado por Trabajo, los fondos de formación que no están transferidos a las regiones y que ahora, y desde 1991, gestiona la Fundación para la Formación Continua (Forcem) -en la que están presentes el Gobierno, la patronal y los sindicatos- pasarán a estar gestionados en un 40% por los Gobiernos autonómicos y en un 60% por las empresas directamente. La Forcem quedaría vacía de contenido y se limitaría a tareas de control.
El motivo de cambiar de manos la gestión de los fondos de formación no es otro que el de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril de 2002 (y tras casi diez años de tramitación) en la que se reconocen a la Generalitat de Cataluña las competencias de gestión y ejecución de la formación continua.
Esto unido a los casos de fraude con el dinero de la formación por parte de algunas patronales y organizaciones sindicales denunciados por el Tribunal de Cuentas, y que han llegado hasta la Audiencia Nacional, llevó al Gobierno a cambiar todo el sistema de formación de los trabajadores ocupados para repartir su financiación entre empresas y comunidades autónomas.
Sin embargo, a la hora de negociar Trabajo se encontró con la oposición frontal de Cataluña, que exige la transferencia del 100% de los fondos que le corresponden, que es como interpretan la sentencia del Constitucional.
Ante esta adversidad, Trabajo ha dejado en un segundo plano la negociación del nuevo modelo con las 17 comunidades autónomas y se está centrando en tratar de convencer a Cataluña de que acepte el diseño de Zaplana.
El consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, Antoni Fernández Teixidó, ha intentado desde primeros de año negociar esta transferencia con Trabajo, algo que se retrasó hasta después de las elecciones del 25 de mayo a petición del propio Zaplana.
Una vez pasados los comicios autonómicos y municipales, Teixidó intentó retomar las negociaciones con Trabajo con escaso éxito, ya que según fuentes de la Generalitat los responsables catalanes recibieron 'constantes largas'.
Ante esta situación, a finales de la pasada semana Teixidó lanzó públicamente un ultimátum al ministro, advirtiéndole que si no se resolvían el lunes (por ayer) las demandas catalanas, la Generalitat constituiría en el plazo de dos semanas su propio consorcio de la formación en Cataluña. Este nuevo organismo reuniría a la Generalitat, las patronales y los sindicatos catalanes para administrar los fondos de formación.
Sin embargo, según todas las fuentes consultadas, esta decisión estará condicionada por el problema de la financiación de este consorcio, ya que la recaudación de la cuota de formación de todos los trabajadores asalariados, con la que se financian los cursos, corre a cargo de la Seguridad Social y, por lo tanto, del Gobierno central, que no quiere transferirlos en su totalidad ni a Cataluña ni a ninguna otra comunidad.
Bloqueo de Bruselas
En cualquier caso, y tras el ultimátum de Teixidó, los responsables de Trabajo recibieron ayer a los representantes de la Generalitat. Fuentes del ministerio confirmaron la existencia de este encuentro y aseguraron que las conversaciones no están cerradas, si bien Teixidó ha convocado para hoy una rueda de prensa en la que informará del estado de las negociaciones y podría anunciar la creación del consorcio catalán de la formación, informa Jordi Sacristán.
Trabajo tiene, además, pendiente que Bruselas desbloquee una parte del dinero que el Fondo Social Europeo destina a la formación de trabajadores (algo más de 192 millones de euros) y que tiene paralizado hasta que se conozca el informe de una auditoría sobre posibles irregularidades con los fondos en el periodo 1994-2000.
Bruselas tomará la decisión en función de un informe preliminar que se conocerá en julio.
Entre unas cosas y otras, el ministerio aún no ha convocado los programas de formación para 2003, algo que ya debería haber hecho.