EDITORIAL

Alto peaje por las autopistas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sabido elegir un buen momento para privatizar la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). En ENA están incluidas básicamente las concesionarias privadas que el Estado adquirió en 1983 y 1984 cuando atravesaban una grave crisis financiera. La vuelta al ámbito privado llega en un momento dulce para las grandes constructoras, ansiosas por reinvertir los excedentes de caja generados por la buena marcha de sus negocios o por las plusvalías logradas en la venta de participaciones.

Ese buen momento y la alta concurrencia han permitido a la SEPI fijar un alto precio de salida a partir del cual presentar las ofertas. Ese peaje ha sido criticado por algunos de los aspirantes, pero tales críticas tienen poco fundamento: nadie está obligado a pujar. Aquellas empresas o consorcios que consideren que el precio exigido (un mínimo de 1.100 millones de euros tras haber extraído de la caja de ENA otros 100 millones de dividendos y fondos propios) es excesivo, lo tienen fácil. Con retirarse y no presentar oferta -como ha hecho Acesa-, todo resuelto.

La privatización se ha diseñado con una serie de condiciones -acaso excesivas- que convierten el precio en el gran factor discriminante, lo cual, por otro lado, ayuda a una adjudicación objetiva. Siendo así, resulta chocante que las ofertas no se hagan públicas en el momento inmediatamente posterior a su presentación. Eso evitaría suspicacias sobre la limpieza de la adjudicación y aumentaría la transparencia del proceso.