Economía rechaza dar amparo a Gas Natural en su pugna con Iberdrola
Los conflictos entre las empresas energéticas, eléctricas y gasísticas están echando raíces en casi todas las áreas e intereses en los que tienen que convivir. En ellos, además de las compañías implicadas, intervienen los organismos reguladores y la Administración, que deciden, uno por uno, sobre estos enfrentamientos.
El pasado 11 de abril, un mes después del lanzamiento de la opa de Gas Natural a Iberdrola, el Ministerio de Economía desestimó el recurso de alzada presentado por el grupo gasístico el 21 de noviembre de 2002 contra la resolución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de 31 de octubre de ese año. En esa resolución se instaba a Enagás, participada al 40% por Gas Natural, a dar acceso a Iberdrola a las plantas de regasificación y las redes de gasoductos a partir del 1 de enero de 2004. Enagás basó su denegación a Iberdrola en 'no contar con capacidad disponible en las fechas solicitadas'.
El grupo gasístico alega en su recurso que la concesión de esos derechos 'representa un cercenamiento de las capacidades de regasificación contratadas por Gas Natural Comercializadora a Enagás, mediante el contrato a largo plazo suscrito el 27 de julio de 2001 o por otros contratos'.
Las relaciones de Gas Natural con Enagás han sido criticadas por las eléctricas y también cuestionadas en otros documentos de las CNE. Y la recriminación más utilizada es un posible privilegio de la empresa matriz para reservar de antemano capacidades de regasificación y transporte que deberían quedar liberalizadas. Y es la resolución del pasado octubre la que crea un precedente que la compañía que preside Antoni Brufau rechaza de plano.
Rechazo tajante
Pero Economía se alinea en el dictamen y señala que ese organismo que preside Pedro Meroño no ha vulnerado los derechos de Gas Natural. 'En contra de lo que declara el recurrente, en ningún caso la CNE ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido'.
Y añade, ante la petición de Gas Natural de declarar nula la decisión de la CNE, que 'procede rebatir de forma tajante que se haya seguido un procedimiento completamente inadecuado para, en su caso, limitar derechos'.
El grupo gasístico argumenta que debe establecerse una 'protección legal de los contratos de aprovisionamiento a largo plazo', que cuentan además con clásulas take or pay, al ser los que garantizan la seguridad del suministro. Pero Economía rechaza esa posición y considera que 'siendo habitual la existencia de ese tipo de contratos de ámbito internacional', un decidido apoyo impediría la entrada de nuevos operadores.
Otro argumento para solicitar la anulación del dictamen de la comisión es por 'incurrir en desviación de poder, mediante la busqueda de fines distintos de aquellos para los que la potestad administrativa de resolución de conflictos le fue conferida'. Sobre este tema, Economía emplaza a 'probar de forma fehaciente la intencionalidad torcida o desviada del cauce ético o moral' de la CNE.
En paraleo a este proceso, el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de Economía, y basándose en la resolución de la CNE del 31 de octubre de 2002, abrió expediente a Gas Natural por presunto abuso de posición dominante. La CNE indicó en un escrito al Servicio de Defensa de la Competencia que dichas actuaciones afectarían a las actividades de transporte, distribución y comercialización.