El Gobierno de Asturias recurrirá la privatización del grupo público de autopistas
El pasado 15 de mayo el Principado de Asturias presentó ante la SEPI el requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso - administrativo 'para que la SEPI cese o modifique la actuación material consistente en el proceso de privatización de la sociedad estatal Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y, en concreto, la privatización de la filial Autopista Astur Leonesa (Aucalsa)', esgrimiendo siete alegaciones.
El recurso, en preparación por parte de la Consejería de la Presidencia del Gobierno asturiano, se presentará en cuanto se produzca la privatización, prevista para el 30 de mayo, según fuentes cercanas al Ejecutivo autónomo.
El Principado de Asturias alega que en el proceso de venta de esta autopista del grupo ENA, que considera vital para sus intereses por unir el Principado con la Meseta, se ha eludido el principio legal exigible de coordinación entre administraciones.
Ese rechazo a la venta se sustenta en la consideración de que en Aucalsa se dan unas circunstancias 'verdaderamente excepcionales que no se dan en otros itinerarios estatales o intercomunitarios'. En concreto, argumenta que 'la Administración por sí misma y a través de la concesionaria pública Aucalsa, admitiendo tácitamente que la carretera estatal que antiguamente servía para unir esos territorios (Asturias y la Meseta) ya sólo tiene un uso circunscrito a tráficos cortos interlocales, ha desplegado en la autopista todos o prácticamente todos los esfuerzos inversores públicos, convirtiendo la citada vía en la única infraestructura capaz hoy día de unir Asturias con Castilla y León y, por tanto, con el sur de su territorio'. 'Y hasta tal punto es eso cierto', recalca el requerimiento previo, 'que además del abandono de inversiones fuertes en la antigua carretera estatal que pasa por el puerto de Pajares, todos los túneles que se han construido para desdoblar la autopista, así como la construcción de los tramos restantes de la concesión, se han financiado con recursos estatales en un 50%, correspondiendo el otro 50% de financiación a los recursos obtenidos por la concesionaria pública en el mercado de capitales'.
La alegación cuarta continúa afirmando que Aucalsa es una empresa deficitaria. 'Su paso a la esfera privada (...) provocará sin duda un encarecimiento del servicio que deberán soportar los ciudadanos, quienes no disponen de una vía alternativa, y lastrará aún más el desarrollo de Asturias'.
El requerimiento concluye afirmando que todo el proceso incumple el principio de transparencia establecido en el propio programa de privatización del sector publico promulgado por el primer Gobierno del Partido Popular en 1996.
El Gobierno de Asturias afirma no tener conocimiento del proceso ni ha tenido oportunidad de personarse en el mismo y de concurrir a éste en defensa de los intereses generales del Principado.
La SEPI dice que el recurso carece de fundamento
La SEPI contestó ayer al requerimiento del Principado. Afirma que los argumentos del Ejecutivo carecen de fundamento jurídico y 'suponen un atropello a la lógica económica'.La SEPI afirma que es falso que Aucalsa esté en pérdidas y dice que la autopista es de la exclusiva competencia estatal. El ente público también afirma que los principios de publicidad, concurrencia y transparencia no han sido conculcados y afirma que el primer contacto con el Ejecutivo asturiano ha sido el requerimiento.La SEPI argumenta, además, que el carácter público de las concesionarias de autopistas de peaje es un hecho excepcional, ya que de las 41 existentes sólo 5 son estatales y gestionan el 17% de los 2.776 kilómetros de peajes en funcionamiento.