Electoralismo temerario
Paradójicamente fue Aznar quien más emplazó a los demás partidos a limitar el temario de las cuestiones a tratar durante la campaña para las elecciones del próximo domingo y ha sido él quien más lo ha desbordado, de palabra y, sobre todo, de obra. No quería que se hablase de la guerra contra Irak y comenzó la campaña en Washington tratando de capitalizar electoralmente la inclusión de Herri Batasuna en el listado norteamericano de organizaciones terroristas. Después, raro ha sido el mitin en el que no hiciera alusión al asunto exhibiéndolo como la gran contrapartida obtenida por su decisión de involucrar a España en la invasión de Irak, y no se ha cansado de imputar a la oposición el supuesto aislamiento internacional que su postura contraria a la guerra le habría granjeado a nuestro país.
Tampoco quería que otros se refiriesen al Prestige, pero el Gobierno no ha dejado de airear el 'plan Galicia' aprobado por el Consejo de ministros para paliar la catástrofe. El martes pasado, en el polideportivo As Travesas de Vigo, fue el propio Aznar quien lo declaró 'cosa del pasado que no volverá', no sin antes arremeter, con todo tipo de descalificaciones, contra quienes se han manifestado y se seguían manifestando, porque las consecuencias de la marea de chapapote aún amargan el presente a no pocas familias gallegas.
Sin embargo, lo que más se ha usado para trastocar el guión de estas elecciones ha sido el BOE. No ha habido reunión del Consejo de Ministros que no aprobase un paquete de medidas de cierto impacto popular desde la semana previa a la del inicio oficial de la campaña electoral. En unas aprobaron los incentivos fiscales para favorecer el acceso a la vivienda en alquiler; en otras, las rebajas de las cotizaciones sociales para fomentar el empleo femenino o las mayores facilidades de cobro de la incapacidad laboral transitoria para los trabajadores autónomos.
Podría decirse que si las referidas decisiones ministeriales son beneficiosas para determinados colectivos sociales, bienvenidas sean aunque estén teñidas de electoralismo. Pero además de que es necesaria cierta dosis de cinismo para recurrir a esa justificación, suele ser más el ruido que las nueces cuando se actúa de esta manera, para terminar comprobándose posteriormente que los hipotéticos beneficios sociales se quedaron en agua de borrajas.
Por otra parte, los retos más serios de una sociedad avanzada y compleja, como el de la incorporación de las mujeres y los jóvenes al mercado laboral o el de la vivienda, no pueden afrontarse a salto de mata tratando de cazar a un puñado de electores. Requieren más tiempo, el que Aznar ha desaprovechado en los siete años que lleva gobernando para corregir su política de vivienda, por ejemplo; y para dar soluciones solventes casi siempre es necesario trenzar el mayor consenso social y político posible, el que Aznar ha quebrado injustificablemente saltándose a la torera los espacios donde se han ido forjado algunos consensos esenciales en relación a las pensiones, al empleo o a la financiación de la Seguridad Social, como son la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo o los órganos institucionales donde participan los agentes sociales.
Con todo, aún es más grave el colofón electoralista anunciado para mañana, última reunión del Ejecutivo antes de la jornada electoral.
La reforma de 20 artículos de la Ley de Extranjería para darle carta de legalidad al reglamento, que por atentar contra derechos básicos de los inmigrantes, ha tumbado el Tribunal Supremo, es una temeridad. El de la inmigración sí es un reto de gran complejidad, que por indisociable del futuro de las sociedades de los países occidentales exige del tratamiento más cuidadoso para no generar actitudes xenófobas ante un fenómeno con el que se tendrá que convivir indefinidamente y del enfoque más constructivo para que la inclusión social de los inmigrantes sea tan positiva como beneficiosas resultan sus aportaciones profesionales y culturales. Ni el presidente en los mítines, abundando tan injustamente en la asociación de ideas entre inmigración y delincuencia, ni el texto avanzado de la reforma, que extiende el seguimiento policial de los inmigrantes a las compañías aéreas, van en la buena dirección. Profundizan en los derroteros que emprendieron al romper el consenso más amplio, que por primera y única vez se logró a finales de la anterior legislatura con el ministro Pimentel.
Que la peor manera de equivocarse es persistir en el error nos lo ha vuelto a demostrar el presidente cuando ha exclamado en el fragor mitinero de la campaña electoral que aún estamos pagando las consecuencias de aquella ley (4/2000) que se promulgó, pero que el Gobierno del PP nunca permitió que se aplicase, promoviendo inmediatamente después de alcanzar la mayoría absoluta, la vigente ley 8/2000, que ya va por la tercera reforma sin que la inmigración irregular haya dejado de aumentar.