La CNMV castiga a Bami por prácticas que toleró en Ence
El supuesto es aparentemente el mismo que ha llevado a la CNMV a suspender a Bami sus derechos políticos en Metrovacesa hasta que lance una opa sobre el 10% del capital a un precio autorizado por la comisión.
La superación del límite del 25% se produjo en el verano de 2001, con la CNMV sacudida de lleno por el escándalo Gescartera, sólo semanas antes de que la presidenta del organismo, Pilar Valiente, dimitiese a raíz de dicho escándalo. En aquel momento, la CNMV interpretaba que la autocartera no debía tomarse en cuenta a los efectos de considerar si se superaba o no el límite del 25%.
Así se deduce del folleto de la oferta pública de venta (OPV) con la que se realizó parte de la privatización de Ence. En aquel folleto, verificado por la CNMV, se admitía con toda naturalidad que Corporación Financiera de Galicia (filial de Caixa Galicia) controlase el 24,99% del capital de Ence, a la vez que la papelera tenía en cartera un 4,75% de su propio capital. La comisión no suspendió los derechos políticos ni exigió el lanzamiento de ninguna opa.
La CNMV parece haber cambiado de criterio. El lunes decidía suspender los derechos políticos de Bami en Metrovacesa con la siguiente explicación: 'A la vista de la participación cuya titularidad corresponde a Bami y de la que integra la autocartera de Metrovacesa, así como de la evolución de ambas, se entiende que Bami ha alcanzado una participación en el capital con derecho de voto de Metrovacesa superior al 25%, sin haber promovido una opa'. Y añadía: 'Igualmente la atribución legal del carácter de accionistas individuales de Metrovacesa de los consejeros designados por cooptación e inscritos en el Registro Mercantil incrementa la participación de Bami con las acciones de éstos'. Este segundo supuesto es algo más críptico, pero da a entender que también deben computarse las participaciones personales de los consejeros representantes de accionistas.
Consejeros accionistas
Pues bien, en ese supuesto también entra de lleno Caixa Galicia en el caso de Ence, ya que el presidente de ambas, José Luis Méndez, tiene una participación de una acción en Ence que bastaría para que se alcanzase el umbral del 25%. Juan Dapena (Caixa Galicia) y Alberto Mirat (Zaragozano) también se hicieron con una acción cada uno. En la privatización se adjudicó exactamente el 25% menos una acción.
La privatización se hizo a un precio de 20,5 euros por título y los compradores fueron seleccionados por la SEPI el 15 de junio de 2001. Pero los tres adquirentes actuaban de forma conjunta, con lo que a los efectos de la normativa sobre opas es como si fueran uno solo. Caixa Galicia, Bankinter y Banco Zaragozano firmaron un contrato entre socios con el compromiso de no superar el 25% del capital -para no tener que lanzar una opa- y también se comprometieron con la SEPI a no bajar del 24% de participación.
De hecho, Caixa Galicia y Banco Zaragozano tuvieron que vender el 3,01% y el 2,99% que tenían en Ence antes de la privatización completa para no incurrir en el supuesto de opa. La necesidad de evitar la opa se citaba expresamente en el folleto de la OPV y era una de las condiciones que la SEPI imponía para la privatización. Caixa Galicia, al ser el mayor accionista directo de los tres, se atribuye como participación indirecta la de los otros dos.
Posteriormente, el 31 de octubre de 2002, cuando había transcurrido más de un año de la privatización, Caixa Galicia, Bankinter y Banco Zaragozano lanzaron una opa sobre el 10% de Ence.
Según el folleto de esa opa, con ella se perseguía 'mostrar la confianza de los oferentes en el futuro de Ence'. La oferta se realizaba a 14,5 euros por acción, muy lejos de los 20,5 euros pagados a la SEPI, y sin estar sometido ese precio a la autorización de la CNMV, como en Bami.
Fuentes oficiales de la CNMV aseguraron que el precedente de Ence no tiene ningún parecido con el de Bami y Metrovacesa, entre otras cosas porque los compradores del 25% menos una acción de Bami no estaban en la gestión de la empresa y, según la Comisión, no podían saber si ésta tenía o no autocartera. Ese dato, sin embargo, figuraba no sólo en las auditorías de Ence y en los registros de la CNMV, sino también en el folleto de la oferta pública de junio de 2001, suscrito por Caixa Galicia y Banco Zaragozano como oferentes, redactado antes de que se completase la compra del 24,99% a la SEPI. Ambas entidades eran accionistas de Ence antes de la privatización.
Bami asegura que no ha cometido irregularidades
Bami reaccionó ayer a la suspensión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los derechos políticos de la inmobiliaria sobre Metrovacesa. La compañía considera que la suspensión de los derechos decidida el lunes por la CNMV 'parece en principio motivada fundamentalmente por haber calculado el porcentaje que posee Bami de Metrovacesa descontando la autocartera, lo que en opinión de la CNMV hace que el mismo supere el 25%'.Bami recalcó ayer que, según su criterio el de la inmobiliaria, el de sus asesores y determinados precedentes en la aplicación de la mencionada ley, la compañía no ha realizado ningún tipo de actuación irregular, ya que siempre se ha entendido que no es necesario restar la autocartera para establecer el porcentaje de participación. 'Por tanto', opinan en la inmobiliaria, 'al poseer Bami el 24,99% del capital social de Metrovacesa, considera que no ha superado nunca el límite del 25% legalmente establecido; criterio que no ha sido compartido por la CNMV'.La comunicación de Bami se produjo en la tarde de ayer, tras recibir de la CNMV la resolución completa sobre la suspensión de los derechos políticos en Metrovacesa. Una vez que dicha resolución haya sido estudiada por los asesores legales, 'Bami convocará al consejo de administración para tomar las determinaciones que considere más adecuadas', indicó la compañía.Además de suspensión de los derechos políticos de Bami sobre Metrovacesa, la CNMV ha suspendido también en el ejercicio de su cargo de consejeros de Metrovacesa en representación de Bami a Joaquín Rivero Valcarce (presidente de Bami y de Metrovacesa), a Manuel González García (consejero delegado de Metrovacesa), a Ignacio López del Hierro y a José Gracia Barba, de la comisión ejecutiva de Metrovacesa.