El Gobierno tienta a las pymes
Cuenta ahorro para pymes, mayores prestaciones sociales y fiscales para autónomos son el gancho que el Ejecutivo pone sobre la mesa en periodo electoral para potenciar el empleo
Entre el conjunto de medidas económicas que el Gobierno aprobó a finales de abril mediante real decreto y que el Congreso de los Diputados convalidó dos semanas después, se encuentran varias que afectan de lleno a los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Un suculento y tentador manjar que el Ejecutivo pone a disposición de las pymes pocos días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo. Algunas de ellas son iniciativas propias del Ejecutivo; otras, viejas reivindicaciones de un colectivo que representa la mayoría (más del 90%) del tejido societario del país, en torno a los tres millones de empresas, repartidas por todo el territorio nacional.
Una de las novedades, que afecta a todo tipo de empresas, es la bonificación íntegra durante un año, de la cuota empresarial a la Seguridad Social para todas las mujeres que se reincorporen a su trabajo después de tener un hijo, dentro de los 24 meses siguientes al nacimiento. En el caso de que el empresario convierta un contrato temporal en fijo, esta bonificación se prolongará hasta año y medio. La medida pretende hacer compatible la vida laboral y familiar en un colectivo, como el femenino, cuya tasa de paro se sitúa muchos puntos por encima del masculino (sobrepasa el 16%).
La bonificación de la maternidad se completa con la posibilidad, introducida en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), de que la madre trabajadora se deduzca fiscalmente, hasta 100 euros al mes, por cada hijo menor de tres años. Una medida que afecta a 400.000 madres con hijos pequeños.
Pero más allá de los incentivos a la mujer trabajadora se encuentra el deseo del Ejecutivo de potenciar la creación de nuevas empresas como fundamento para sostener la economía. Los datos son elocuentes. Hace 15 años, el producto interior bruto español necesitaba crecer a un ritmo superior al 3% para que no se destruyera empleo. Ahora, se está consiguiendo mantener el ritmo de ingresos tributarios y de empleo en tasas positivas con un PIB que no supera el 2% en términos reales, descontada la inflación. La diferencia se encuentra en el número de trabajadores con que cuenta el sistema: 16,6 millones de afiliados cotizantes a la Seguridad Social (récord histórico) sostienen las finanzas públicas y el consumo privado, frente a los 12 millones de 1995.
El récord de afiliación descansa en el buen comportamiento de las pymes, frente a la destrucción de empleo de
Pasa a PÁGINA 4 æoelig; empresas con más de 250 trabajadores, inmersas en planes de reestructuración de empleo.
Pero si las pymes son el verdadero motor de la economía, también es cierto que el índice de mortandad de las nuevas empresas es muy elevado. De nada sirve que se creen empresas si buena parte de ellas (cuatro de cada diez, o una de cada dos si no tienen asalariados) no subsiste más allá de cuatro años después de haber sido creadas. El apoyo a las pymes más jóvenes y al nacimiento de nuevas con bases sólidas es una asignatura pendiente, más allá de las tradicionales líneas de financiación que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Fruto de esta preocupación, el Gobierno ha incluido en el reciente paquete de reformas económicas de abril, una nueva figura jurídica. Se trata de una 'cuenta-ahorro empresa', de características similares a la cuenta ahorro vivienda para compra de una casa, pensada para que jóvenes emprendedores puedan deducirse en el impuesto sobre la renta las cantidades depositadas en ella.
Se trata de na deducción fiscal del 15% en el IRPF, aplicable a un máximo de cuatro años con el límite de 9.015,18 euros anuales. Para evitar la picaresca se establecen condiciones. Los fondos de la cuenta-ahorro empresa deberán destinarse a la constitución de una empresa con, al menos, un local, un empleado y con la forma jurídica de 'sociedad limitada nueva empresa'.
Esta forma jurídica es precisamente la que el Gobierno quiere fomentar a través del llamado 'estatuto nueva empresa', una forma de acelerar los trámites de constitución de una sociedad, en un plazo de 48 horas. Para ello, los socios de la nueva empresa deben ser personas físicas (no jurídica), con un capital inicial entre 3.012 y 60.096 euros y con unos órganos sociales de fácil funcionamiento. El estatuto 'nueva empresa' les concede regirse mediante un plan de contabilidad simplificado, redactado por el propio Instituto de contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
El Gobierno prevé que la 'cuenta ahorro' anime a muchos emprendedores a crear su nueva empresa. De hecho, estima que 190.000 personas se beneficien fiscalmente al año de la nueva figura tributaria, especialmente autónomos, cuyo potencial para generar riqueza y empleo es evidente. En el año 2002 los autonómos y microempresarios crearon 108.000 puestos de trabajo, casi la mitad del total generado en el ejercicio. Desde 1996 se han incorporado 400.000 nuevos cotizantes autónomos a la Seguridad Social, hasta alcanzar los 2,7 millones. Se calcula que un17,6% del PIB generado en 2002 es
Otra novedad introducida en el paquete de reforma del Gobierno es la que amplía de cinco a seis millones de euros el límite máximo de facturación para que una sociedad se defina como empresa de reducida dimensión a efectos fiscales. Estas empresas gozan de un tipo de gravamen menor en el impuesto de sociedades (tributan al 30% para os primeros 90.000 euros, en vez del 35% que es el tipo general) así como otros incentivos fiscales. La medida era muy demandada por la patronal Cepyme ya que, con el paso de los años se estaban quedando fuera de estas bonificaciones un buen numero de pymes, por el mero efecto de la inflación.
De hecho en la última 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos Generales del Estado (con efectos en este año) , el Ejecutivo ya elevó este límite de tres a cinco millones de euros. Se han dotado 530 millones de euros para financiar los mayores beneficios fiscales por la aplicación del tipo especial para pymes.
Con todo, el Ejecutivo aplica la política de 'una de cal y otra de arena' para el colectivo. El mejor acceso a la condición de pymes a efectos fiscales que supone esta medida se combina con un endurecimiento al régimen de módulos. Concretamente, con el nuevo IRPF, en vigor desde enero, se mantiene el límite máximo por volumen de ventas para acceder al régimen de módulos, pero se fija un nuevo límite general por compras de bienes y servicios (excluidas las adquisicones de inmovilizado), de 300.0000 euros anuales.
Además, este límite se aplicará a la totalidad de las compras, sin posibilidad de que pueda fijarse para cada una de las actividades a las que se pueda dedicar el contribuyente. El Gobierno pretende, con ello, que en el régimen de módulos estén incluidas sólo las empresas que cumplan con las condiciones y no sirva para ocultar a empresas mayores que han decidido dividir su facturación para beneficiarse de los incentivos fiscales del régimen.
Otra novedad que ha llevado aparejada una gran polémica es la asimilación de las cotizaciones de los trabajadores del régimen especial agrario a las del régimen de autónomos, y el mejor acceso de las mujeres del medio rural al Régimen Especial Agrario (Reass). La asimiliación de las cotizaciones supone en la práctica, la supresión en la práctica del régimen agrario (con 37 años de existencia), y que 300.000 trabajadores autónomos del campo tengan que cotizar más hasta el año 2017 para mejorar sus prestaciones, lo que ha provocado un aluvión de protestas de las organizaciones profesionales agrarias, con Asaja a la cabeza. El aumento de las cotizaciones será progresivo ( a lo largo de los proximos 15 años), con el fin de aumentar lo que aportan estos trabajadores a la Seguridad Social, hasta equipararlo con lo que aporta el resto de autónomos. No obstante, en el decreto publicado en el BOE se ha suavizado el aumento de cuotas anunciado inicialmente por el Ministerio de Trabajo aunque se mantiene la supresion del Reass en un plazo de quince años.