Las elecciones aumentan la tensión en la adaptación de las cajas a la Ley Financiera
La cercanía de las elecciones y la influencia del resultado en la composición de los consejos y asambleas de las cajas han provocado que la adaptación de las leyes autonómicas y de los estatutos de las entidades a la Ley Financiera haya sido fuente de conflicto en muchas comunidades autónomas. El viernes termina el proceso de adaptación, pero algunas cajas renovarán sus estatutos fuera de plazo.
El próximo día 23 termina el plazo dado a las comunidades autónomas y a las cajas de ahorros para que adapten sus leyes y estatutos a los preceptos básicos de la Ley Financiera. La convocatoria de las elecciones del 25 de mayo y la importancia de los resultados electorales en la composición de las asambleas y consejos de administración de las estas entidades ha hecho que, en líneas generales, la adaptación haya resultado más conflictiva de lo normal. El hecho de que la norma estatal naciera bajo sospecha jurídica, ante los recursos presentados por Andalucía y Castilla-La Mancha, ha enturbiado también el proceso.
No todas las comunidades autónomas han elegido la misma vía para ajustarse a la ley estatal. Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana o Asturias han hecho leyes de cajas nuevas.
Aragón, Galicia, Cantabria, Castilla y León o Castilla-La Mancha han realizado únicamente ajustes técnicos en sus normativas, al considerar que no existía ningún aspecto que colisionara con la normativa básica. La mayoría de las cajas de estas comunidades ya han reformado sus estatutos.
En Cataluña y Andalucía, donde el proceso ha sido fuente de tensión política, los cambios se han introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
Andalucía es la región donde el conflicto ha sido más llamativo, tanto por la polémica en torno a la tutela de Cajasur, como por el retraso que los escollos legales derivados de los necesarios cambios en los estatutos han provocado en la fusión de El Monte y San Fernando. De hecho, buena parte de la política seguida por la Junta de Andalucía en materia de cajas se ha centrado en tratar de neutralizar la ley estatal.
En Extremadura, ni siquiera se ha dado ocasión para la polémica. El gobierno autonómico ha optado directamente por no adaptarse en plazo, escudándose en la falta de tiempo por la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento. Fuentes de Caja Extremadura señalan que 'con un proceso electoral abierto no tiene mucho sentido una modificación de estatutos antes de conocer cuál será la nueva composición de los órganos de gobierno'.
Madrid, la primera
En contraste con Extremadura, Madrid ha sido la comunidad autónoma que antes puso en marcha los procedimientos de adaptación. Eso sí, el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no se libró de la acusación de la oposición de que el PP pretendía 'blindar el control de la derecha sobre la institución'. Fue, de hecho, la primera comunidad en aprobar una nueva ley de cajas adaptada a la Ley Financiera y Caja Madrid la primera entidad en renovar sus estatutos. La norma madrileña será más estricta que la estatal, con un tope de representación pública del 33% (aunque en la práctica será del 41% al repartirse proporcionalmente entre los grupos representados la participación que tenía la Casa Real como entidad fundadora) y un régimen de incompatibilidades para que no haya ni alcaldes, ni concejales ni otros altos cargos electos en los consejos de administración. Además se da entrada a un nuevo grupo de representación.
La aprobación de la Ley Financiera y la posterior adaptación de la normativa de las cajas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos también se ha vivido en Cataluña como una auténtica batalla política. Y además, con una víctima de peso, ya que la adaptación de los estatutos de la entidad a la legislación autonómica asumían un límite de 20 años de permanencia en el consejo, lo que obligó a la salida de Josep Vilarasau de La Caixa.
En el País Vasco, la nueva ley de cajas vasca, aprobada a principios de mayo, nace también rodeada de incertidumbre jurídica ante la posibilidad de que la administración central recurra el texto ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera la Carta Magna porque 'crea desigualdades entre los impositores en función de su lugar de residencia a la hora de configurar los órganos de gobierno de las entidades de ahorro'. La norma vasca reduce del 54% al 50% la presencia de representantes políticos y fija en 12 años el mandato de los consejeros.
Asturias es una de las pocas comunidades autónomas donde los cambios normativos sobre cajas se han aprobado sin ruido. Y eso a pesar de que la Ley Financiera obligaba a cambios de trascendencia, ya que Cajastur, la única caja de la comunidad autónoma, era una de las entidades con mayor peso público en sus órganos de gobierno al superar el 75%.
En Navarra, como comunidad foral, no ha sido necesario ningún cambio.