El Gobierno sigue a favor de mantener controles en las privatizadas
El Gobierno se mostró ayer dispuesto a 'acatar' la sentencia del Tribunal de la UE que anula la legislación española sobre control público de empresas privatizadas, pero advirtió que sigue considerando inaceptable la entrada en España de capital extranjero público. A la vez, se aferró ayer a la parte de la sentencia del Tribunal de la UE que señala que es posible imponer ciertas limitaciones sobre las empresas privatizadas para defender el uso de la acción de oro. Así, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, destacó en Santiago de Compostela que la sentencia reconoce el derecho de los Estados miembros de la UE a 'tomar medidas en el caso de empresas privatizadas que afecten a servicios públicos'.
'España siempre acepta las reglas del juego a las que se ve sometida en este club', afirmó ayer el secretario de Estado, Luis de Guindos, que asistía en Bruselas a la reunión del consejo de Ministros de la UE en sustitución del titular, Rodrigo Rato. 'Pero tenemos que analizar todas las alternativas disponibles', añadió.
Cierto intervencionismo
El Gobierno podría modificar la acción de oro en Telefónica, Endesa y Repsol, porque el Tratado de la UE permite cierto intervencionismo público en sectores estratégicos relacionados con el orden público, la seguridad o la salud. Pero la base misma de la intervención deberá ser otra, porque el tribunal ha anulado los artículos clave de la ley de 1995 que amparaba las acciones de oro actuales.
De Guindos sigue insistiendo, no obstante, en que 'lo que no se puede aceptar como argumento político es que entre capital público extranjero'.