Nacionalismo energético vasco

El Gobierno vasco acaba de decidir la adjudicación de la empresa pública de gas Naturcorp a Hidrocantábrico. Esta operación podría ser calificada de común en un contexto de privatizaciones y liberalizaciones si no fuera por las razones que abordaré a continuación.

La venta de la empresa pública vasca se basaba en un acuerdo parlamentario que se refería a su privatización. No hay tal. No cabe reputar de privatización lo que simplemente consiste en adjudicar una empresa pública a otra pública -o que mayoritariamente cuenta con un 75% de capital público portugués, francés y alemán-. De esta manera el Gobierno vasco vende, eso sí, pero no privatiza en ningún modo la sociedad en cuestión. Por lo tanto incumple, lisa y llanamente, un acuerdo parlamentario votado por los partidos que le apoyan en el Gobierno.

Las propietarias de Hidrocantábrico son empresas públicas que operan en mercados de tal modo protegidos que impiden el juego de la competencia a empresas de otros países. Por eso tiene toda la lógica que en aplicación del principio de reciprocidad el Gobierno español limite los derechos políticos de los accionistas que se encuentran en esa situación de predominio, hasta tanto que sus mercados de origen se liberalicen, como ya está haciendo el nuestro.

La opa de Gas Natural sobre Iberdrola daría a los nacionalistas vascos y catalanes el control de buena parte de la estructura de la energía en España

Ante esta actitud Hidrocantábrico quiere recurrir de manera directa a la UE -procedimiento en que se ve apoyada por el nacionalismo vasco, hábil en sortear al Gobierno español, como si éste no existiera en la práctica y sólo hicieran acto de presencia en el panorama las instituciones europeas-. Pero el vicepresidente Rodrigo Rato no deja de tener razón al afirmar que la operación deberá ser aprobada o no por la Administración general del Estado, sin perjuicio de las competencias que asistan a la UE.

Queda, pues, la adjudicación de Naturcorp pendiente de más altas instancias decisorias que las de este parlamentario, pero no deja de ser curiosa la actitud de un Gobierno que se dice 'vasco', pero no acaba de apoyar a la empresa vasca, como parecería obligado. Un Gobierno que además dice encontrarse muy sensibilizado ante la idea de la deslocalización de empresas vascas, tarea que atribuye de manera muy especial al Gobierno español.

La pregunta es muy simple: ¿ayuda esta decisión a la presencia de Iberdrola en el País Vasco o la empuja a separarse un poco más de esta comunidad? Mucho más cuando la decisión se producía en plena tentativa por parte de Gas Natural por hacerse con el control de la citada sociedad con sede en Bilbao.

Algún día todas las preguntas tienen su respuesta, gracias en este caso a la sin par claridad de que hace uso con frecuencia el presidente del PNV, Javier Arzallus. 'Nosotros estábamos de acuerdo con esa OPA', vino a decir el incontinente burukide nacionalista.

Y por qué estaban de acuerdo? Trataré de explicarlo. En primer lugar daré un par de apuntes que intenten centrar el asunto. Gas Natural no es una empresa privada o libre, en sentido estricto: se trata de una empresa regulada que cobra las tarifas que previamente fija el Gobierno. Tarifas que pretenden, por una parte, remunerar el servicio que presta la sociedad a sus usuarios, y por la otra, pretende financiar las inversiones en redes de gas de las que nuestro país se encuentra muy necesitado.

En este sentido, buena parte de la opa de Gas Natural sobre Iberdrola se hubiera financiado con cargo a fondos propios, fondos que dotan a las inversiones a las que me he referido. Y por poner un ejemplo -y no despistar al lector con multiplicidad de datos-: de haberse llevado a efecto esta operación las inversiones del plan que tenía previstas aquella empresa se hubieran reducido de unos 2.600 millones de euros a poco más de 200.

¿Quién pagaría entonces la opa? Está claro: en una buena medida, el propio consumidor español, con riesgo cierto, además, sobre el servicio futuro a prestar por la empresa.

Claro que Gas Natural pedía condiciones a su oferta de adquisición. Condiciones basadas, como siempre, en la obligación que se le exigiría tanto a Gas Natural como a Iberdrola de desprenderse de activos de sus sociedades.

Ya lo vamos entendiendo, porque don Javier tenía razón: ellos estaban de acuerdo con la operación. ¿Quiénes comprarían los excedentes fijados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la operación? Por supuesto, Hidrocantábrico, y en menor medida, Endesa.

A lo cual deberíamos sumar que Hidrocantábrico ya tiene una cantidad cercana al 3% de Enagás y una parte de Red Eléctrica.

El final de la película -por fortuna abortada por la CNE- es bastante evidente: una gran empresa energética construida en torno a Gas Natural-Hidrocantábrico -una nueva Iberdrola-, en tanto que la antigua Iberdrola -que no gusta al Gobierno vasco, porque a los nacionalistas de este país sólo les gusta lo que controlan- quedaría despiezada, troceada y reducida a una mínima expresión.

Para terminar, ¿quién gana y quién pierde en la operación?

Ganan los nacionalistas vascos -y los catalanes-. Que se hacen con el control de buena parte de la estructura presente y futura de la energía en España. Pierde -perdería- una de las empresas vascas más emblemáticas de que disponemos, y todo ello gracias a una decisión adoptada -y no de manera precipitada- por el Gobierno y el nacionalismo vascos.

Y ganan esos partidos, como siempre por la puerta de atrás de las gabelas que pudieran percibir. Pero esa es cuestión que pertenece a otra narración que harán otras personas en su momento.