España, uno de los países con más fácil acceso a la pensión, demora la reforma
En España, los responsables políticos de la Seguridad Social, los sindicatos y los partidos políticos han pactado tácitamente retrasar hasta la próxima legislatura la reforma de la Seguridad Social. Dada la sensibilidad electoral que tiene el asunto, y ante la buena marcha de la situación financiera del sistema de pensiones, los políticos han optado por aplazar la aplicación de unos cambios que en el resto de los países europeos están en marcha, pese a encontrar también notable resistencia social, como en Francia, Austria o Alemania.
La afiliación de cotizantes al sistema de pensiones en España crece a ritmos superiores al 3% interanual, tras media docena de años con avances incluso superiores, y se han batido todos los récords de afiliación. Este fenómeno ha coincidido con la llegada de las cohortes de edad menos numerosas a la jubilación, precisamente las nacidas de los años de la guerra civil y siguientes, lo que ha ampliado el margen financiero del sistema. Hasta tal punto lo ha hecho, que en los dos últimos ejercicios cerrados el superávit financiero del sistema ha superado los 5.000 millones de euros y ha salvado las finanzas de todas las Administraciones públicas.
España es el país en el que, en términos generales, el acceso a las prestaciones de jubilación es más fácil, independientemente de las cuantías. Es uno de los países en los que menos años se exigen de aportaciones para tener derecho a la pensión, donde con menos años se logra el 100% de la base reguladora y donde más abultado es el sistema de pensiones complementadas hasta el mínimo legal por parte del sistema público.
Por tanto, es donde más recorrido tienen las reformas, puesto que buena parte de los países europeos ya las han hecho. Es intención del Ejecutivo elevar hasta toda la vida laboral los años a considerar para hacer el cálculo de la pensión, ya puesto en marcha en la gran mayoría de los países. Esta medida supone en principio una perdida de pensión para aquellas personas que en los años finales de su carrera tienen bases de cotización altas. Los sindicatos estiman que se debe introducir tal medida de forma progresiva, y el Gobierno estima que debe hacerse sólo para que afecte a las personas que ahora tienen determinada edad.