La UE aprueba el cobro transfronterizo de multas superiores a 70 euros
La decisión marco de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias será 'extremadamente importante' para la construcción de un espacio jurídico común en Europa, describen así fuentes diplomáticas el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo de Ministros de Justicia de la UE. 'Se trata de la segunda decisión de este tipo después del hito de la euroorden y afectará no sólo a las multas sino a cualquier delito que lleve aparejada una sanción pecuniaria'.
La euroorden de detención y entrega, aprobada en un tiempo récord tras los atentados del 11 de septiembre, elimina el proceloso sistema de extradición entre los Estados miembros. El mismo principio de reconocimiento mutuo de resoluciones se extiende ahora a todas las sanciones pecuniarias por encima de 70 euros impuestas como consecuencia de una larga serie de delitos: desde el homicidio y la violación al racismo o la xenofobia, pasando por la estafa, el fraude o la falsificación de moneda.
El Estado que ejecute la resolución firme de pago se quedará con la recaudación, salvo que un acuerdo bilateral prevea lo contrario. Y los Quince renuncian a reclamarse entre sí los gastos derivados de la ejecución.
La decisión marco aprobada tenía en su origen unas aspiración mucho más modesta. 'Se trataba sólo', afirman fuentes del Consejo, 'de garantizar el pago de las multas de tráfico de los ciudadanos que en las zonas fronterizas entre Holanda, Alemania, Luxemburgo, Bélgica o Francia cruzan de un país a otro durante los trayectos habituales con sus vehículos'. La desaparición de controles fronterizos ha facilitado esa movilidad, aumentado el número de casos en que las diferentes autoridades se encuentran con dificultades para ejecutar las sanciones contra infractores residentes en otro país.
Pero al final de la tramitación del texto se han incorporado todas las sanciones pecuniarias derivadas de los delitos que puedan acogerse a la orden europea de detención y entrega. El giro obedece no sólo al 11 de septiembre, sino también al acuerdo del Consejo Europeo de 1999 celebrado en Tampere (Finlandia) en favor del reconocimiento mutuo en materia de cooperación judicial, tanto en derecho civil como penal. El departamento comunitario de Justicia, que dirige el comisario europeo António Vitorino, celebró ayer este nuevo avance del espacio judicial común
Al Estado que reclama el pago le bastará ahora para exigir su ejecución con remitir a las autoridades del país donde reside el infractor una copia certificada de la resolución firme y un certificado, traducido si fuera necesario, que detalle los principales datos del caso.
La comunicación desencadenará de forma inmediata el procedimiento de ejecución vigente en el país de destino, que podrá decidir la reducción de la cuantía de la multa al importe máximo previsto en su legislación para el tipo de delitos o faltas en cuestión. Si las autoridades no logran el pago de la sanción, podrán aplicar sanciones alternativas, incluida la privación de libertad si su legislación y la del país de origen de la sanción prevén esa posibilidad.
Entre las infracciones que permitirán la ejecución transfronteriza de sanciones figuran el delito ecológico e informático, el blanqueo de dinero, la piratería industrial, el chantaje y el tráfico ilegal de drogas, armas u obras de arte.