Más sudor para tener pensión en el campo
Todas las borracheras tienen resaca. La semana pasada el Gobierno anunció un festival de ayudas al colectivo de trabajadores autónomos, concentradas en la ampliación del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social.
Pero el sistema de pensiones no está para fiestas, pese a su buena salud, y no puede permitirse ningún gesto que pueda poner en riesgo su equilibrio financiero. Hay que compensar, por tanto, el dispendio: una subida paulatina a las cotizaciones de los 'otros autónomos', los 300.000 agrarios, que ya estaban advertidos de una subida de este tipo desde el Pacto de Toledo firmado por el Gobierno de Aznar.
La última revuelta del campo protagonizada por los cambios en el subsidio agrario puede que no sea la última. El Gobierno aprobó el pasado 25 de abril en el Consejo de Ministros un aumento progresivo (a lo largo de los próximos 15 años) del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores inscritos en el régimen de trabajadores agrarios por cuenta propia, con el fin de aumentar lo que aportan estos trabajadores a la Seguridad Social, hasta equipararlo con lo que aporta el resto de los trabajadores autónomos y, a cambio, poder mejorar sus prestaciones
Para aumentar estas aportaciones de los agrarios al sistema, el Ministerio de Trabajo aprobó una lista de coeficientes que se aplicarán cada año a los tipos de cotización de estos trabajadores. Dichos tipos se aplicarán, a su vez, sobre la base de cotización que fije cada año la Ley de Presupuestos.
En función de esta fórmula los dos primeros años de transición (2004 y 2005) los trabajadores autónomos del régimen agrario verán incrementadas sus cuotas en 11 euros al mes, lo que supone alrededor del 10% más de lo que pagan ahora. A cambio, verán incrementadas sus prestaciones y cobrarán la incapacidad temporal desde el cuarto día en lugar desde el decimosexto.
En este punto surgió esta semana una polémica. Según ha denunciado alguna organización agraria y el propio Partido Socialista, el Gobierno aprobó inicialmente el día 25 de abril una tabla de coeficientes que en lugar del incremento de las cuotas del 10% fijado actualmente para los dos primeros años, aumentaba la aportación un 23% (25 euros más al mes).
Para rebajar estas cuotas iniciales, según estas mismas fuentes, el Gobierno decidió rectificar los coeficientes a aplicar en los dos primeros años para reducirlos y dejarlos en los 11 euros mensuales citados. De hecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado miércoles publicó esta rectificación.
La versión del Ministerio de Trabajo es completamente distinta. Según fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluía un incremento de las cuotas de un 10% anual durante los dos primeros ejercicios pero fue el BOE el que 'cometió un error tipográfico' y publicó unas cuotas que suponían un incremento del 25%.
Las organizaciones agrarias que han denunciado esta situación y el PSOE atribuyen esta rectificación a motivos electorales del PP y al éxito de las asociaciones agrarias que se entrevistaron con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, para manifestarle sus quejas por el nuevo sistema.
Sin embargo, fuentes de Trabajo niegan rotundamente que el Gobierno haya rectificado en esta ocasión. Para probar dicha afirmación se refieren a una nota de prensa fechada el 30 de abril (antes de que se celebraran las reuniones con las organizaciones agrarias) en la que Trabajo ya decía que el incremento de las cuotas sería de 11 euros mensuales y no 25 euros, como 'por error' publicó inicialmente el BOE.
Pero más allá de esta discrepancia, la polémica por el contenido de la reforma está nuevamente servida. Pese a que el propio Pacto de Toledo mandaba que se fueran equiparando todos los regímenes de la Seguridad Social de tal forma que sólo pervivieran dos: uno de trabajadores asalariados y otro de autónomos.
No todas las organizaciones agrarias han recibido de igual manera estos cambios. La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha reclamado 'voluntariedad' para que el trabajador del campo pueda elegir la base reguladora de cotización, optando entre la actual base del Reass (585 euros al mes) y la máxima del régimen de autónomos.
El Gobierno casi con toda probabilidad aceptará esta propuesta con una enmienda en el trámite parlamentario del anteproyecto de ley, a través del cual se tramitará esta reforma.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) dependiente de UGT exigió directamente la retirada de lo que llamó un nuevo decretazo que suprime el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) en un plazo de 15 años.
Las rectificaciones del Gobierno en materia laboral
La última marcha atrás del Gobierno en materia laboral puede que sea la única accidental de todas las que ha protagonizado.En esta última ocasión, el Ministerio de Trabajo atribuye a un error tipográfico del Boletín Oficial del Estado (BOE) un cambio en la reforma de las cotizaciones del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.Pero antes de esta rectificación hubo algunas otras muy significativas. En primer lugar, el Gobierno tuvo encima de la mesa en más de una ocasión la reforma del sistema de negociación colectiva. La aireada reforma de los convenios que nunca llegó a realizarse pese a las numerosas afirmaciones de distintos miembros del Gobierno asegurando que llevarían a cabo cambios en profundidad.En aquella ocasión, diciembre de 2001, fue la rotunda falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, lo que frenó al Gobierno a la hora de imponer una reforma. Ni los empresarios ni las centrales tenían interés en que aquello llegara a buen término y los Ministerios de Trabajo y Economía dieron marcha atrás.La otra ocasión, quizás aún más sonada, fue la protagonizada tras la aprobación de la reforma del sistema por desempleo, conocido como decretazo. Entonces, y después de una huelga general, el Ejecutivo suavizó siete de las ocho principales medidas que habían llevado a los sindicatos a convocar el primer paro general a un Gobierno del PP. La octava medida, referida al subsidio agrario para los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura, también ha sido rectificada recientemente por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.