Hacienda endurece el control sobre el uso de 50.000 millones en subvenciones
El Gobierno endurecerá el control sobre el uso de ayudas públicas con el ánimo de combatir el fraude en los fondos que concede el Estado a los particulares y a las diferentes Administraciones. Así lo estipula el anteproyecto de ley de subvenciones que el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros a finales de mayo.
La norma nace con el fin de aglutinar la escasa legislación sobre subvenciones (dos artículos de la Ley General Presupuestaria) y paliar las lagunas jurídicas existentes ante la proliferación de ayudas de todo tipo de administración.
El texto que prepara el Ministerio de Hacienda, en colaboración con el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de Administración del Estado (Igae), mejorará el control sobre los requisitos de acceso a ayudas públicas, fijará un seguimiento especial de las ayudas a lo largo de los años en los que el beneficiario tenga derecho a ellas y tipificará las conductas fraudulentas con un régimen jurídico de nueva creación.
La norma tiene su importancia, ya que, actualmente, el 20% del Presupuesto del Estado está dedicado a subvenciones, bien directas o aprobadas a través de fondos comunitarios. En el año 2003 las ayudas concedidas por el Estado alcanzan los 50.000 millones de euros (8,3 billones de pesetas). Todo ello, sin contar las ayudas de comunidades autónomas y municipios.
El secretario de Estado de Presupuestos, Ricardo Martínez Rico, explicó ayer que la nueva norma permitirá 'contener el gasto público' a la vez que elevará la seguridad jurídica de los beneficiarios de las ayudas.
El borrador de la ley establece una 'fase de preevaluación' de solicitudes, de modo que en una segunda fase definitiva, de evaluación, sólo lleguen los solicitantes que han cumplido los requisitos administrativos. En esa segunda fase, los beneficiarios no tendrán que aportar documentos que ya posea la Administración.
La Administración central hará un control exhaustivo de las líneas de fraude más comunes hasta el momento y establecerá 'planes estratégicos de seguimiento' en estas líneas para prevenir que se repitan tales conductas, según la interventora general del Estado, Alicia Díaz Zurro.
Sanciones
Otro objetivo que persigue la ley es la transparencia. Las Administraciones deberán hacer públicas a través de sus órganos oficiales las subvenciones que concedan. Para ello, la nueva ley establece la creación de una base de datos nacional sobre subvenciones, a la que tendrán acceso todas las Administraciones y el público en general para comprobar el mal uso de fondos por parte de particulares. El Gobierno deberá informar semestralmente al Congreso sobre la concesión de subvenciones.
Además, la ley tipifica las conductas fraudulentas con un régimen jurídico de infracciones inexistente hasta ahora y que las graduará en leves, graves y muy graves. Entre las infracciones muy graves se encuentra el falseamiento de las condiciones requeridas para la consecución de una ayuda. En cuanto a las sanciones, se adoptan las ya recogidas en la Ley General Presupuestaria. Se recogerán multas de hasta el triple de la ayuda concedida, y la prohibición de gozar de otra subvención o celebrar contratos con cualquier Administración durante cinco años, en caso de infracciones muy graves. En infracciones graves, se podrá multar con una cantidad de hasta el doble de lo obtenido. La pérdida de las condiciones para obtener la subvención implicará la devolución de los fondos.