Multas

Las casas de discos de EE UU centran en los usuarios su estrategia antipiratería

'Aviso de infracción de derechos de autor'. Así comienza un mensaje que llegará a los usuarios de software que permite el intercambio de música en Internet. Lo envía la Asociación de Casas de Discos de América (RIAA, en sus siglas en inglés) y supone un cambio de estrategia en su lucha contra la piratería una vez que un juez de EE UU ha declarado que los portales que ofrecen el mecanismo que permite bajar música no colisionan con estos derechos. Cuatro universitarios son los primeros en pagarlo.

El juez de distrito Stephen Wilson, de Los Ángeles, arruinó el fin de semana pasado a la industria discográfica al sentenciar que ni StreamCast Networks, operador del software que permite el intercambio de música Morpheus, ni su competidor, Grokster, infringían la ley de los derechos de autor. A diferencia del clausurado Napster, estos portales no guardan directorios ficheros con música en sus servidores. La lectura es que proporcionan la herramienta para la piratería, pero no la cometen.

La decisión del juez no afecta, de momento, a Sherman Networks, operador de Kazaa, porque el caso de esta empresa aún está pendiente. Pero se espera que se use la misma lógica en su absolución. Con semejante respuesta de los tribunales, las casas de discos, que acusan a estos intercambios de ficheros en Red de disparar la piratería (que el año pasado les costó más de 8.000 millones de dólares), han cambiado de estrategia y se han centrado, definitivamente, en los usuarios.

Esfuerzo educativo

El aviso de infracción que se espera que llegue a un millón de usuarios a través del propio software de los intercambiadores avisa de que copiar música en la Red es ilegal. La Riaa, que curiosamente utiliza los métodos de sus hasta ahora adversarios para llegar a los consumidores finales, asegura que hay gente que no sabe que comete una ilegalidad y califica la campaña activada a mediados de la semana como 'un esfuerzo educativo'.

En su aviso, sin embargo, se deja bastante claro que 'cuando ofrece música en estos sistemas, usted no es anónimo y puede ser fácilmente identificado'. Y así ha ocurrido.

Esta semana un juez ha ordenado a la telefónica Verizon que proporcione a la asociación discográfica los nombres y direcciones de clientes que la industria de la música cree haber identificado como posibles piratas. Pueden empezar a caer demandas sobre algunos de los clientes, de la misma manera que ya llegaron a cuatro estudiantes de universidades de EE UU.

Ayer se conoció que estos estudiantes, que bajo la ley que protege los derechos de autor debían pagar, si son condenados, 150.000 dólares por cada una de las canciones que ofrecían gratis (entre 27.000 y un millón) pactaron con la industria un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio. Los estudiantes han acordado pagar entre 12.000 y 17.500 dólares cada uno a la asociación de casas de discos que pidió al juez que cerrara los servicios de copiado.

Como es costumbre en estos acuerdos, los acusados no admitieron ser culpables. Daniel Peng, de 18 años y estudiante de Princeton (y que debe abonar 15.000 dólares), decía a través de su abogado que no creía 'hacer algo incorrecto'. En un comunicado llegó a decir que estaba feliz de que 'el caso se haya resuelto amigablemente y espero que, por el beneficio de las artistas, casos más importantes que éste sean resueltos'.