La dirección y el equipo jurídico de Gas Natural ultiman su respuesta a la CNE

Estas próximas horas serán determinantes en la fijación de la posición de Gas Natural tras la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de vetar su opa a Iberdrola. La dirección y el equipo jurídico de la compañía gasística estudian el dictamen del organismo regulador de los mercados energéticos, que va acompañado de los argumentos en los que se ha basado la decisión para decidir previsiblemente que retirarán la oferta lanzada a la empresa eléctrica.

La presentación de un recurso de alzada contra la medida ante el Ministerio de Economía se perfila como una opción con escasas posibilidades de éxito, por lo que no es previsible que se recurra a ella. La empresa tiene un mes de plazo para su presentación y Economía contaría con otro mes para tomar una decisión. Pese a que no se recurra a la demanda, Gas Natural pretende poner de manifiesto que no comparte la decisión y que mantiene la defensa del modelo industrial, integración de gas y electricidad, que inspiraba la operación.

La presentación de un recurso de alzada se enfrentaría además a otros problemas: el recurso tendría que ser resuelto por Economía y adicionalmente agudizaría los enfrentamientos de la dirección de Gas Natural con su segundo accionista, Repsol YPF. El tema se hace más complejo por la paralización de la opa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo para el que este dictamen es vinculante.

Parte de la defensa de Gas Natural podría basarse en el propio reglamento de la CNE. æpermil;ste señala que, pese a que corresponde a este organismo autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades reguladas, 'sólo podrán denegarse las autorizaciones como consecuencia de la existencia de riesgos significativos o efectos negativos sobre las actividades reguladas'. Por esas razones, pueden 'dictarse autorizaciones que expresen condiciones en la que puedan realizarse las mencionadas operaciones'.

Y la polémica política no descansó ayer. El consejero de Economía de la Generalitat, Francesc Homs, manifestó respecto al rechazo de la opa que el Gobierno del PP es liberal cuando los proyectos se realizan desde Madrid pero cuando se impulsan desde Barcelona 'es intervencionista y absolutista'. Añadió que el proyecto 'estaba muy bien planteado, que tenía mucha viabilidad y todo el apoyo financiero'. Homs considera que en el veto ha pesado la implicación de dos cajas catalanas. ' Se ha puesto de manifiesto la injerencia política del Gobierno del PP que ha hecho que la CNE diga no y vetase este proyecto'.

CiU ha solicitado la comparecencia del presidente de la CNE, Pedro Meroño, en el Congreso para que explique las razones de su determinación.

Por su parte, el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, manifestó que el Gobierno no tenía 'ninguna valoración que hacer' sobre la comisión energética. Rato añadió que el Ejecutivo desconoce el dictamen motivado y los votos particulares, 'si es que los hubiera'. Explicó que en caso de que las empresas afectadas decidieran recurrir la decisión a Economía, 'sería el momento en que el Gobierno tendría que opinar'.

Sobre la polémica política que el veto ha provocado, se refirió a la conveniencia de que todas 'las autoridades sean respetuosas con las decisiones de las demás', puesto que 'cada una tiene sus responsabilidades'. Rato valoró positivamente la situación del sector energético y aseguró que las empresas están cumpliendo 'incluso en exceso'.

En tono similar se expresó el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que defendió la independencia del organismo regulador. 'Si alguien intenta politizar esta cuestión, se equivoca, engaña a los ciudadanos y les dice cosas que no son'. Piqué considera que 'hacer lecturas de carácter territorial de temas empresariales es un error propio de gente con mentalidad intervencionista'.