La Generalitat se opondrá a limitar el poder de las cajas
La idea de que el Gobierno pueda limitar los derechos políticos de las cajas en las empresas ha provocado una tormenta en el sector y en muchos Gobiernos autonómicos. El número dos de la Generalitat, Artur Mas, aseguró ayer que utilizará todos los medios 'políticos y judiciales' para evitarlo. La CECA criticó que pueda darse una discriminación de las cajas con respecto a los bancos.
La sola idea de que el Gobierno haya pensado en limitar los derechos políticos de las cajas en las empresas donde participan, sugerida por el presidente José María Aznar a un grupo de empresarios, de acuerdo con una información de La Vanguardia, ha provocado un auténtico revuelo en el sector.
'Nos opondremos con todo lo que esté en nuestras manos, política y judicialmente', aseguró ayer el consejero jefe de la Generalitat, Artur Mas. 'No nos podemos quedar con los brazos cruzados', sentenció, aunque aún no hay constancia de que se vaya a ejecutar. De hecho, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, al referirse a estas informaciones apuntó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo sobre cajas están ya contenidas en la Ley Financiera, 'fruto del consenso con el sector y los grupos parlamentarios'.
La medida, en la que subyace el temor del Gobierno al control que ejercen algunas autonomías sobre sus cajas, afectaría fundamentalmente a La Caixa, en el punto de mira por la opa de Gas Natural sobre Iberdrola. Para Mas limitar los derechos de las cajas supone un 'atentado contra la autonomía' de estas entidades financieras y un 'ataque frontal a la capacidad de influencia de Catalunya'.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) también fue crítica ayer con esta limitación. Pese a que 'no nos consta que se esté pensando' en el tope del 3% de derechos políticos, si prosperase la medida rechazarían que se discriminara a las cajas con respecto a los bancos, dijo un portavoz a Europa Press. En la última asamblea, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, centró buena parte de su discurso en el intervencionismo político.
CC OO también expresó su 'más enérgico' rechazo a un tope en los derechos políticos de las cajas.
Por otra parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ordena suspender la actividad inspectora de Junta en Cajasur es 'inocuo jurídicamente' y no cuestiona la competencia regional. Álvarez recordó que la inspección ya había sido suspendida 'hace dos meses'.
La asamblea general de Caja Madrid, por otra parte, aprobó ayer sin votos en contra sus nuevos estatutos y el reglamento electoral, adaptados a la Ley Financiera y que introducen un nuevo sector en los órganos de gobierno, denominado entidades representativas, ligado al desarrollo autonómico. Este sector estará formado por organizaciones empresariales y sindicales, por universidades públicas y entidades de tipo fundación y tendrán el 10% de la asamblea.