Los auditores españoles se resisten a ser controlados por el regulador de EE UU
Los escándalos financieros protagonizados en EE UU por empresas como Enron o Worldcom continúan teniendo repercusiones. El organismo de vigilancia de auditoría dependiente de la SEC (el regulador de los mercados estadounidenses) y al frente del cual se encuentra William McDonough, pretende que antes de mayo del año próximo las auditoras extranjeras se sometan a su supervisión, para lo que deberán inscribirse en el mismo registro de control en el que lo hacen los auditores estadounidenses.
La medida ha cosechado un rechazo pleno por parte tanto de las autoridades europeas como de los auditores. El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, ha asegurado que no ve la justificación de un doble registro y ha llegado a amenazar con tomar represalias contra las auditoras de EE UU. 'Cualquier requisito que nos hagan cumplir será también exigido por nuestra parte', ha señalado.
También el supervisor español se muestra contrario a la medida que pretende establecer EE UU. 'La UE está trabajando intensamente para resolver este problema. No es un tema cerrado, ni mucho menos, y habrá que esperar a ver cómo se resuelve', señala José Luis López Combarros, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). López Combarros confía en la capacidad de Bruselas para evitar la obligación de someterse a la supervisión estadounidense y asegura que Europa cuenta con controles suficientes para garantizar la calidad de estos servicios, que 'van incluso más allá' que los que pretende imponer EE UU.
En ese sentido, el presidente del ICAC recuerda que la CE aprobó hace año y medio una recomendación para reforzar la supervisión de los Gobiernos europeos sobre la actividad de las auditoras. La recomendación, que el ICAC está comenzando a aplicar, según López Combarros, sugiere que las autoridades de control de los Estados miembros supervisen cada seis años a los auditores de las empresas 'de interés público', es decir, cotizadas, compañías de seguros, planes de pensiones, etcétera. Para el resto de las empresas, la UE recomienda una revisión cada diez años.
También Lorenzo Lara, presidente del REGA, una de las tres corporaciones de auditores, considera que ya en Bruselas se están realizando los controles suficientes para garantizar al inversor la calidad de los trabajos de los auditores, 'por lo que un registro adicional es innecesario'.
José María Bové, vicepresidente de la Federación Europea de Expertos Contables (FEE) y miembro del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España, asegura que lo más razonable es llegar a un acuerdo con el supervisor estadounidense que posibilite el reconocimiento mutuo de los principios de supervisión y control de las firmas, así como de los mecanismos de investigación, inspección y sanción. Bové considera también que el requisito estadounidense de exigir un registro puede suponer dificultades de confidencialidad a las firmas europeas, que tienen normas muy concretas sobre secreto profesional. 'Además, si en la mayoría de los países el órgano competente para nombrar auditor es la junta de accionistas y por un periodo de tiempo determinado, ¿qué podría pasar si un auditor ya nombrado no es aceptado por el registro?', señala Bové.