La Sala del 'caso Urbanor' no encarcela a 'los Albertos' a la espera de un indulto
Cortina y Alcocer seguirán en libertad y pendientes de que el Gobierno resuelva el indulto sobre la condena de tres años y cuatro meses de prisión a la que fueron condenados cada uno de ellos por estafa y falsedad en el caso Urbanor. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid acordó ayer, en contra del criterio del fiscal, suspender la ejecución de la sentencia mientras se tramita el indulto, que habitualmente tarda un año en resolverse.
El tribunal argumenta que 'en el supuesto que ahora ha de resolverse no existe razón alguna para dejar de aplicar los criterios que siempre ha seguido este tribunal, fijados precisamente para tratar de garantizar una igualdad de trato ante situaciones sustancialmente idénticas'. En el auto se citan 24 asuntos en los que la Sala ha resuelto en ese sentido. Así, el tribunal quiere demostrar que los Albertos no tienen trato de favor.
Otras razones que se esgrimen en la resolución es que los condenados no tienen antecedentes penales y han 'consignado el importe de las indemnizaciones fijadas en la sentencia prácticamente en su totalidad'. Aún faltan por liquidar los intereses legales.
También tiene en cuenta el tribunal, que se aplica la redención de penas por trabajo al ser condenados de acuerdo con el antiguo Código Penal. Por lo tanto, explica en el auto, 'estamos ante unas penas privativas de libertad cuya duración no es elevada y, por ello, entiende esta Sala que procede acceder a la suspensión solicitada, puesto que de ser resuelta la solicitud de indulto en sentido favorable a los penados podría resultar ilusoria'.
Miguel Bajo, abogado que representa a Construcciones San Martín, anunció que no recurrirá pero sí solicitará que los condenados paguen la indemnización completa.
El presidente del Banco Zaragozano, Felipe Echevarría, por otra parte, confirmó ayer que 'bastantes' entidades han pedido información al banco en los dos últimos años, aunque precisó que actualmente no existe ninguna negociación en marcha para su venta. Echevarría dijo que el consejo no ha recibido ninguna oferta de compra ni propuesta similar. Aunque matizó que existía la posibilidad de que la entidad interesada en el Zaragozano hable primero con Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que poseen el 40% de las acciones y son los principales accionistas. 'Yo no tengo conocimiento de esos contactos', dijo.
Echevarría se quejó de la escasa valoración que los analistas otorgan al Zaragozano cuando se habla de su posible venta, ya que no se tiene en cuenta las plusvalías con las que cuenta y otros aspectos como la composición de su plantilla. Dijo que el 25% de los empleados (unos 500) nacieron en la década de los cuarenta y en los próximos siete años los gastos de personal se van a aligerar de manera natural y sin coste. Además, el banco tiene margen para realizar prejubilaciones. Echevarría, quien ocupa la presidencia desde que Cortina y Alcocer dejaron la misma el 14 de marzo tras ser condenados por el caso Urbanor, duda sobre la posibilidad de que los ex presidentes sean desposeídos de sus derechos políticos, ya que se los pueden ceder a familiares o terceros. Y dijo que los auténticos poseedores de los derechos políticos del 40% del Zaragozano son Cartera Zaragozano y Alcor Holding, lo que plantea más incógnitas.