La juez Palacios ordena la libertad bajo fianza para Antonio Camacho, dueño de Gescartera
La juez Palacios ha decidido dejar en libertad bajo fianza a los dos últimos encarcelados por el escándalo de Gescartera siguiendo las recomendaciones del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, que había propuesto atenuar la prisión provisional de ambos imputados porque, en las actuales circunstancias, existe un mínimo riesgo de fuga y ha disminuido la posibilidad de que alteren pruebas u obstruyan la investigación.
Actualmente, sólo Camacho y Sardón permanecen en prisión por el caso Gescartera, una vez que la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, y el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, fueron puestos en libertad provisional.
La defensa de Camacho -al que la juez imputa delitos de apropiación indebida y estafa- había pedido la excarcelación del propietario de Gescartera en numerosas ocasiones, pero en todas ellas se le había negado porque tanto la Fiscalía, como los jueces consideraron que existía riesgo de fuga y posibilidad de destruir pruebas. Hasta su último escrito, en el que se mostró a favor de la excarcelación, la Fiscalía Anticorrupción había mantenido que los cerca de 110 millones de euros que desaparecieron de Gescartera era una cantidad sustancial que permitiría a Camacho realizar múltiples acciones.
El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron la gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio del 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante la imposibilidad de conocer su situación económica. Esta intervención descubrió un agujero patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros, lo que provocó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.
Además de Camacho y Sardón, la juez también envió a prisión a la presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez Reyna y al asesor fiscal Julio Rodríguez, aunque ambos fueron puestos en libertad bajo fianza en el 2002. Pilar Giménez-Reyna permaneció 162 días en Soto del Real, prisión que pudo abandonar tras pagar en febrero del 2002 una fianza de 180.000 euros, en tanto que Julio Rodríguez Gil estuvo encarcelado tres meses y su fianza fue de 601.000 euros.