Mucho empleo de poca calidad
Los resultados de la política económica española en materia de empleo son aceptablemente buenos. La creación de nuevos puestos de trabajo salta a la vista, se mida como se mida, y casi uno de cada dos empleos generados en la Unión Europea son atribuibles a España. Incluso en 2002 la ralentización económica no ha logrado neutralizar el impulso del mercado de trabajo, que ha aportado casi un 1,5% más de empleos, mientras que en países como Francia, Italia o Alemania se recortaba la mano de obra empleada de forma significativa.
Pero no es oro todo lo que reluce. Las críticas continuas acerca de la escasa calidad del empleo en España se ven ahora refrendadas por la Comisión Europea, que sigue centrando en el mercado español gran parte de sus recomendaciones para llegar a la plena ocupación y que se recuperen los niveles de calidad perdidos desde la expansión del contrato temporal en 1985. Las recomendaciones que hace la Comisión a España en materia de empleo, además de a reducir la tasa de temporalidad, van encaminadas a eliminar las trabas a la utilización de los contratos a tiempo parcial, muy extendidos en Europa y escasamente conocidos en España, pese a las diversas reformas y contrarreformas que han demostrado no funcionar.
La reducción de la temporalidad parece tener mal remedio en España. Ayer mismo, un grupo de cualificados empresarios de diversos sectores aseguraban que encontraban más competitividad y rentabilidad en los trabajadores fijos, pero muchas empresas siguen reservando cuotas amplias de sus plantillas para la contratación con duración determinada. La tasa de temporalidad que sigue instalada en el 31% de los asalariados, pese a la puesta en marcha en 1997 de un intensivo programa de ayudas para convertir empleo temporal en indefinido. Si las etapas de fuerte crecimiento no impiden que el empleo eventual crezca al mismo ritmo relativo que el fijo, es evidente que la legislación tiene algún aspecto que mejorar.
Los sindicatos han ensayado fórmulas diferentes en los convenios colectivos para poner cierto orden en el asunto, y únicamente han logrado que la rampante utilización del empleo temporal en la Administración pública haya cesado. Lógicamente, no es fácil desprenderse de 20 años de cultura empresarial y de relaciones laborales con la temporalidad instalada en las plantillas, ni seguramente será posible para muchos sectores que desarrollan una actividad inevitablemente eventual a lo largo del día o a lo largo del año.
Pero algo están obligados a hacer los poderes públicos, con las normas en la mano, y con el acuerdo de los empresarios y los sindicatos, para evitar que la que aparece como economía más vigorosa de la Unión Europea se convierta en la que tiene el empleo con menos calidad. Eso exige también corregir y castigar la discriminación salarial y promocional a la que el mercado somete a mujeres o inmigrantes, que estadísticamente están en franca desventaja.