Aldama cree que las no cotizadas también deben aplicar códigos de buen gobierno
Enrique Aldama, presidente de la comisión para el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados financieros y las sociedades cotizadas, defendió ayer, durante un desayuno organizado por el bufete Sagardoy y la empresa de trabajo temporal Randstad, que el Informe Aldama se aplique a todas las sociedades, independientemente de que coticen o no en Bolsa.
Aldama incidió en la importancia que la transparencia tiene en la vida de todas las empresas. 'Una compañía de seguros, por ejemplo, recibe dinero a través de cuotas de sus clientes con la esperanza de que por ese dinero recibirán en el futuro una cantidad determinada. ¿Por qué no están obligadas estas entidades a ser transparentes? Y esto es perfectamente aplicable a otras empresas'. En este sentido señaló la conveniencia de que otras empresas, como las familiares, también apliquen las normas de buen gobierno, en especial lo relativo a la información y transparencia a sus accionistas.
Aldama asegura que la aplicación de las medidas de buen gobierno a las empresas familiares es una fórmula para evitar que sólo el 15% lleguen a la tercera generación. 'Se trata de transmitir a todos los accionistas la misma información', aseguró Aldama.
Revolución en los consejos
El presidente de la comisión que elaboró por encargo del Gobierno el informe de buen gobierno explicó, asimismo, que la obligación incluida en la Ley Financiera de crear una comisión de auditoría en el seno del consejo de administración está revolucionando estas estructuras de las empresas. En opinión de Aldama, el incremento de la responsabilidad hace que los consejeros se tomen mucho más en serio algo tan importante como la elaboración de las cuentas.
También reiteró que se debe evitar que los consejeros independientes puedan ser relevados de su cargo antes de que finalice su mandato y aseguró que tiene la intención de elaborar un decálogo de obligaciones del consejero y de cómo deben ser elegidos por el consejo. Respecto al proyecto del Gobierno de convertir en ley algunas de las recomendaciones del Informe Aldama, destacó el hecho de que se establezca como obligación y no como simple derecho que los consejeros se informen de la marcha de la empresa.