La Administración podrá cerrar las empresas ruidosas a partir de 2007
Apesar de que España tiene desde diciembre de 1972 una ley que autoriza al Gobierno a establecer niveles máximos de ruido, éste no ha fijado límites a la contaminación acústica en la calle. Sin embargo, se calcula que nueve millones de ciudadanos soportan niveles sonoros medios de 65 decibelios, lo que, según algunos estudios parciales, nos coloca sólo por detrás de los japoneses como población de alto riesgo.
Pero el derecho a que el tráfico y otras fuentes de contaminación campen a sus anchas tiene sus días contados. El Gobierno acaba de remitir a las Cortes un proyecto de ley, que debe aprobarse antes del 18 de julio de 2004, para adoptar a tiempo la directiva sobre evaluación y gestión del ruido. Esta norma europea armoniza los diversos métodos de evaluación de la exposición al ruido y obliga a las Administraciones a diseñar sus mapas de ruido, piedra angular para establecer medidas correctivas. La Comisión Europea calcula que trazar estos mapas en las ciudades costará entre 0,15 euros y 2 euros por habitante. Pero las pérdidas económicas anuales por enfermedades relacionadas con el ruido exagerado se elevan a 40.000 millones de euros.
Joan Altabella, director de estudios acústicos de la Universidad Politécnica de Mataró, afirma que 'sólo un 10% de las ciudades españolas tienen mapas sonoros'.
La futura ley exige que, antes de julio de 2007, las 15 ciudades españolas con más de 250.000 habitantes tengan estos mapas, así como las 24 principales vías por las que ruedan al año más de seis millones de vehículos, los 11 aeropuertos principales (con más de 50.000 aviones al año) y aquellos ejes ferroviarios por los que circulan más de 60.000 trenes. En estas zonas se podrá limitar el tráfico y los propietarios de viviendas podrán exigir la reparación de los vicios ocultos de la construcción. Las infracciones muy graves de los límites sonoros se podrán sancionar con multas hasta de 300.000 euros e incluso con el cierre de las instalaciones por espacio de cinco años. Estas medidas se extenderán a otras 56 poblaciones con más de 100.000 habitantes a partir de julio de 2012.