El fiscal y el Grupo Torras se oponen a la prescripción de los delitos en el 'caso KIO'

La fiscal Anticorrupción Belén Suárez, en la sesión de ayer del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso KIO, se opuso a la prescripción de los delitos solicitada por los abogados de la defensa. También fue el turno de la acusación que ejerce el Grupo Torras. El abogado que le representa, Miguel Bajo, apoyó la propuesta de la fiscal y mantuvo ante el tribunal que el 8 de enero de 1993 se interrumpió el plazo de prescripción.

Fue el día que se presentó la querella contra el ex vicepresidente de Torras-KIO Javier de la Rosa y otros ex directivos de la compañía, que ahora son juzgados por el presunto desvío de 42 millones de euros en la venta de la papelera Icsa.

Tanto el fiscal como el Grupo Torras mantienen que la mera presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción porque 'forma parte del procedimiento y no es necesaria su admisión para que la prescripción se interrumpa', señaló la fiscal. El abogado Bajo fue más contundente y dijo que con 'la mera inscripción de la querella en el registro general del juzgado bastaría para interrumpirlo'. La fiscal y Bajo apoyaron su alegato con la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Urbanor.

Ambas partes elevaron el plazo de prescripción a 10 años. La fiscal mantiene que ha habido múltiples perjudicados (accionistas de Inpacsa, propietaria de Icsa) y Bajo estima que el delito es continuado. En cuanto a otras alegaciones mantenidas por los defensores sobre acusaciones sorpresivas de algunos de los imputados, la fiscal y el Grupo Torras también se negaron a que ninguno de los 10 acusados abandonen el banquillo. También se opusieron a nulidades solicitadas por los acusados y el Grupo Torras se calificó como el principal y único perjudicado, frente a la pretensión de Inpacsa de presentarse como tal.

El juicio se ha suspendido hasta el próximo 28 de abril. Las cuestiones previas se resolverán antes del día 12.