Tribunales

El tribunal del 'caso KIO' declara a los hijos de Sarasola en rebeldía civil

En la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por dos operaciones del caso KIO (la venta de Icsa y la operación Croesus), los protagonistas fueron los dos hijos del empresario fallecido Enrique Sarasola, por estar ausentes en la sala.

El tribunal, que en estas primeras sesiones de la vista oral escucha a las partes del proceso en la fase preliminar de las cuestiones previas, requirió la intervención del representante legal de Enrique y Fernando Sarasola porque era su turno para plantear posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Ningún abogado tomó la palabra y el presidente de la sala, Siro García, constató que los herederos de Enrique Sarasola no se habían personado en la sala de vistas, o lo que es lo mismo, no había abogado o abogados que les representaran en el proceso.

El presidente no suspendió el juicio, a pesar de que la acusación ejercida por el Grupo Torras-KIO así lo pidió. Sin embargo, tras unos minutos de deliberación, la sala acordó declarar en 'rebeldía civil' a los dos hijos de Sarasola. Ambos son ahora responsables civiles después de que su padre haya fallecido. Y lo son en calidad de herederos de los 19 millones de euros procedentes de Torras que fueron ingresados en la sociedad Fanite, propiedad de Sarasola padre y en menor porcentaje de sus dos hijos.

El tribunal, con su decisión, mantiene la reclamación patrimonial que se les exigía, ya que el dinero procede de un hecho ilícito y ellos son responsables lucrativos. En cualquier caso, el abogado que representa a Fanite, Javier Sáenz de Pipaón, manifestó que él sólo representaba a la sociedad como persona jurídica en este proceso y como responsable civil subsidiaria. El letrado pidió al tribunal que la reclamación de la que la sociedad es objeto (los 19 millones de euros) se resuelva en la jurisdicción civil. Argumentó que la única persona que podría explicar el origen ilícito del dinero es Enrique Sarasola y, por estar fallecido, este paso procesal no puede practicarse y no tiene sentido mantener esta reclamación en el proceso penal.

Servicios sin justificar

El fiscal, en su escrito de acusación, considera probado que por orden del entonces vicepresidente del Grupo Torras-KIO, Javier de la Rosa, se autorizó un pago de 19 millones de euros por 'servicios rendidos a Torras Hostench'. Nunca se han explicado las razones de este pago y tampoco por qué fue transferido a una cuenta suiza abierta a nombre de la sociedad Bigley.

El titular de la sociedad, según el fiscal, era Enrique Sarasola, y el apoderado Álvaro Álvarez Alonso, 'los cuales recibieron los 19 millones de euros sin que hasta la fecha hayan dado cuenta de la naturaleza del servicio que prestaron a Torras Hostench ni el destino final del dinero'. Parte de esta cantidad fue transferida a la sociedad Fanite.

El juicio se reanudará el próximo lunes. Dos fiscales anticorrupción intervendrán para rebatir las cuestiones previas de las defensas. Se opondrán, al igual que lo harán los abogados del Grupo Torras-KIO, a la prescripción y las nulidades solicitadas.