Canal 9 inicia su proceso de privatización, valorado en 133 millones
La televisión autonómica valenciana, Canal 9, publicó ayer las bases de los tres concursos de gestión privada que se adjudicarán antes del 26 de mayo, con un presupuesto total de 133 millones de euros hasta 2008. El PSOE dice que los concursos son ilegales en el fondo y en la forma y tratará de pararlos en los tribunales.
La empresa Televisión Autonómica Valenciana, conocida por su marca comercial Canal 9, ha sacado a concurso el suministro de contenidos audiovisuales para 1.884 horas de programación -con 121,8 millones de presupuesto hasta 2008-; la edición de informativos y el suministro de noticias -siete millones- y, por último, la gestión de la publicidad, por la que la adjudicataria percibirá un porcentaje según los ingresos, con un mínimo de cuatro millones de euros hasta 2008.
Los plazos de admisión de ofertas terminan el 26 de abril y la adjudicación se realizará en los 30 días siguientes, es decir, antes de las elecciones del 25 mayo, tal y como había prometido hacer la Generalitat gobernada por el Partido Popular.
La privatización ha generado una fuerte polémica en la Comunidad Valenciana por las dudas legales, especialmente tras la respuesta parlamentaria del Gobierno central a una diputada de Izquierda Unida en el sentido de que la Ley de Terceros Canales no permite la privatización de la gestión. Para sortear este inconveniente, la Generalitat optó por no privatizar directamente la gestión de Canal 9, sino que fuese la empresa publica la que contratase la gestión indirecta de algunas de sus actividades.
Los miembros del consejo de administración en representación del PSPV-PSOE manifestaron ayer que el concurso es ilegal y señalaron presuntas irregularidades que llevarán a los tribunales para que los jueces paralicen la tramitación. Entre los defectos formales que señalaron está la no publicación de los concursos en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Además, destacaron la falta del informe jurídico previo, del informe de fiscalización y de la memoria económica, que según el PSOE son preceptivos.
En cuanto a los concursos, el de los informativos es el que más dudas ha generado, por cuanto reserva para la empresa pública cierto control sobre los contenidos y no aclara dónde empiezan y acaban las competencias de la concesionaria y las del ente público.
El concurso de publicidad excluye las emisiones deportivas y los contratos de fútbol con la Forta -la asociación de televisiones autonómicas-, así como determinados programas que suponen en total una cuarta parte de la facturación anual de Canal 9, cifrada en 35 millones. La adjudicataria deberá facturar un mínimo de 25 millones. Respecto al concurso de contenidos, las bases obligan a cubrir la tercera parte de la producción con medios materiales y humanos de empresas de la Comunidad Valenciana.
Gresca en el consejo
Además de la legalidad del concursos en sí, los tribunales también tendrán que estudiar la validez de la reunión del consejo de administración en el que se aprobaron los pliegos de condiciones. La reunión, celebrada el lunes entre fuertes medidas de seguridad y con presencia policial, fue interrumpida por representantes del comité de empresa que quisieron expresar su oposición a la privatización. Los consejeros del PP se refugiaron en el despacho del presidente, quien citó allí al resto de los miembros del consejo.
Reanudada la reunión, los pliegos se aprobaron en apenas 10 minutos sin la presencia de los representantes socialistas, que denunciaron en el juzgado de guardia que no se les permitió el acceso al despacho. Los representantes del PP, que abandonaron el edificio protegidos por la Policía, también denunciaron las coacciones sufridas.